PABLO CONTRERAS 2La Ley 18771 de 1989, establece un régimen excepcional de archivo y destrucción de documentos para el Ministerio de Defensa, las Fuerzas de Orden y de Seguridad y sus organismos colaboradores, “de forma autónoma y sin supervisión del Presidente de la República o del Conservador del Archivo Nacional”.
Así lo explicó el académico del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Pablo Contreras, durante una exposición en la Comisión de Educación del Senado a la que fue invitado en el marco de la discusión del proyecto de ley que elimina esa disposición.

“Es una de las leyes citadas en el contexto del marco legal de las violaciones a derechos humanos que investigó el Informe Rettig de 1991”, consignada en las páginas 67 y 68, que «impidió la búsqueda de información y antecedentes de ciertos casos denunciados ante la Comisión”.

Al subrayar los alcances de la moción parlamentaria -ya aprobada en la Cámara de Diputados-, precisó que eliminar el inciso final del artículo 14 “permite el combate contra la impunidad en materia de corrupción” y no solamente en derechos humanos.

“El proyecto aprobado en primer trámite y modificado en la Comisión de Defensa suprime la facultad autónoma de esos organismos para destruir documentación. Mantiene el archivo solo de documentos declarados reservados o secretos, salvo en casos de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad”, en línea con la experiencia internacional comparada.

Pablo Contreras es doctor en Derecho y Master of Law mención International Human Rights por la Universidad de Northwestern (Estados Unidos). Actualmente es docente regular y director del Centro de Regulación y Consumo adscrito al Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile.

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