Mortalidad materna en Chile: Académica de la U. Autónoma integra equipo nacional que propone reforzar vigilancia y prevención
En el mundo, 287 mil mujeres fallecen anualmente por complicaciones prevenibles durante el embarazo y el parto, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Chile, pese a tener bajas cifras de mortalidad, el escenario genera preocupación, puesto que el indicador se estancó tras la pandemia. Solo en 2020, 29 mujeres perdieron la vida por causas maternas, de las cuales el 30% son indirectas –vinculadas a enfermedades crónicas y condiciones sociales adversas– y, lo más alarmante, el 70% de esos decesos ocurrió después de los 42 días del parto –predominando las complicaciones cardiovasculares–; es decir, el riesgo no termina al salir del pabellón.
Frente a esta disyuntiva sanitaria, un equipo interdisciplinario de la Universidad de Chile, la Universidad Autónoma y la Universidad de Concepción, elaboró una serie de propuestas orientadas a fortalecer la vigilancia y prevención hacia el propósito ético de cero muertes maternas evitables. Las ideas fueron consolidadas en el policy brief titulado: Recomendaciones para la vigilancia interseccional de la mortalidad materna en Chile.
Limitantes estructurales
El documento científico analizó el modelo vigente de vigilancia institucional sustentado en la Norma Técnica N° 100 y la coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), el Registro Civil y el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, contrastó la evidencia internacional y las experiencias de países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Colombia y Brasil. Así, el análisis identificó que “el sistema mantiene limitaciones estructurales: fragmentación de la información, análisis clínico sin dimensión social, escasa autonomía de los comités de mortalidad y subutilización de tecnologías para el análisis y gestión de datos”.
Para hacer frente a esta realidad, el policy brief propuso dos dimensiones estratégicas de acción. Primero, modernizar los sistemas de información para incorporar un enfoque social —incluyendo «autopsias verbales» al entorno de las víctimas— que permita entender el contexto de cada fallecimiento. Segundo, exige capacitar a los equipos de salud en competencias interculturales y garantizar la transparencia del sistema mediante informes públicos que obliguen a las instituciones a rendir cuentas.
Mediación intercultural
“El acento está puesto en que hoy hay mujeres que están pariendo y no son chilenas; tienen otra cultura y otras formas de entender el cuerpo que no consideramos al atender. Este es un llamado a cambiar la forma en que se investiga, atiende y registra la gestación y muerte. No solo mirar si la mujer fue al control, sino preguntar qué elementos socioculturales jugaron en contra”, explicó la Dra. Andrea Avaria, académica de la Universidad Autónoma de Chile e integrante del equipo nacional.
Para la doctora en Antropología, las barreras de acceso suelen provenir de los mismos garantes de salud. “Hay mujeres que por su cosmovisión no salen de casa antes de los 40 días tras el parto, pero se podría acompañarlas en su hogar estableciendo redes de apoyo con agentes locales. Ahí el Trabajo Social y los equipos de salud son claves para cambiar la perspectiva de intervención. Este documento es una invitación a comprender qué hicimos mal como sistema y como sociedad para que una persona muera teniendo las condiciones para estar viva”, concluyó la investigadora.
El equipo interdisciplinario, además, estuvo integrado por Jovita Ortiz, Rodrigo Neira, Jael Quiroz, Maribel Mella, Paulina Troncoso y Nicolás Arancibia de la Universidad de Chile, junto a Angélica Avendaño de la Universidad de Concepción.