Investigador de la U. Autónoma: Vaticano recupera su rol en el Derecho Internacional con visita del Papa a Grecia

La llegada del Papa Francisco a la isla griega de Lesbos, resulta extremadamente significativa no solo por el indudable grado de consuelo que lleva a los refugiados en ese territorio, sino también por la activación del papel del Vaticano como sujeto de Derecho Internacional.

Así lo sostiene el docente e investigador de la Universidad Autónoma de Chile, Antonio Muñoz, para quien los primeros indicios de esa nueva posición de la Santa Sede se dieron al poco tiempo de haber asumido el pontificado.

Visitó la isla italiana de Lampedusa, en aquel entonces vector de acceso al territorio europeo desde Libia; se manifestó en contra de la pena de muerte en foros internacionales; en el Parlamento Europeo advirtió que el Mediterráneo “no podía convertirse en un cementerio olvidado para la Humanidad” y enfatizó la necesidad de activar protocolos de interceptación y rescate.

Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, el especialista asegura que la breve visita del Papa a Grecia este sábado supone, indirectamente, “una deslegitimación de la política europea de regreso forzado como mecanismo para contener los flujos masivos de personas que provienen de lugares en conflicto. Y al mismo tiempo, vindica las acciones y críticas de la ACNUR en relación a estas prácticas, que ya se aplican en otros lugares del mundo, como Australia”.

Si bien puede incomodar al gobierno heleno en su relación con el resto de socios comunitarios, tiene según él elementos positivos.

“Transparenta la imposibilidad de ese país de contener estos grupos humanos mientras no se asegure la activación de los mecanismos de solidaridad de los Tratados Constitutivos, basados en el espíritu de humanidad y la dignidad, valores que la Unión Europea y otras organizaciones de la región han custodiado y fomentado desde sus orígenes”, plantea.

Este esfuerzo de un nuevo y siempre omnipresente sujeto de Derecho Internacional, se sumará a otras gestiones para reducir la crisis de refugiados en una forma humana y efectiva, señala.

Por un lado, el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SAEUE), menos incisivo en esta materia y “mostrando el lado amable de la UE, quiere ver en esta visita una oportunidad para acallar las manifestaciones populares antiinmigrantes y el resurgimiento del fantasma de nacionalismo, que casa mal con el federalismo europeo”, explica.

Ese organismo insiste en que el Acuerdo de Readmisión, firmado entre Grecia y Turquía (considerado un Estado tercero seguro) para regresar a ese país en forma sistemática a los solicitantes de asilo que se encuentran en territorio griego, se ajusta a la legalidad internacional y a los parámetros fijados por la propia UE, al menos mientras que el Tribunal de Justicia no se pronuncie.

Pero agrega que otros actores y sujetos de Derecho Internacional, tienen una opinión claramente distinta:

“Amnistía Internacional y otras ONG´s calificaron la entrada en vigor de ese pacto como el día más oscuro para la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. De la misma forma, la interferencia de órganos dependientes de la Unión Europea, ha obligado a la ACNUR y otras representantes de la sociedad civil internacional, a reducir o retirar sus misiones en el Mar Egeo. Incluso la ONU ha manifestado que el documento tiene graves deficiencias”.

Desde la aplicación del Acuerdo, la cantidad de refugiados que llegan a las islas frente a las costas turcas ha caído de forma notable. Pero añade que esa eficiencia “tiene su contrapunto en la detención de miles de emigrantes mientras sus solicitudes de asilo o refugio son tramitadas, proceso que requiere de un grado de compromiso y seriedad que el tiempo no permite”.

“De ahí que aparezcan ideas imaginativas como procesarlas a través de videoconferencia, a fin de reducir costes y plazos, en detrimento de la legalidad internacional y la protección de los derechos humanos”, reconoce.

Con todo, el experto del Instituto de Investigación en Derecho subraya que las audiencias que el Papa sostendrá “en campos de detención, van a suponer un incómodo reto para la Unión Europea y los países más involucrados en ella. La mayoría de los inmigrantes son mujeres y menores de edad, y desde un principio las organizaciones de ayuda han expresado su preocupación por la falta de comida, alojamiento y ropa adecuada”.

“Las políticas de readmisiones de mano dura, como las que se registran en otros rincones del Mediterráneo, son visualmente devastadoras, y a diferencia de ellas, hoy no se habla de docenas de refugiados al día sino de miles, que son regresados a Turquía o a terceros con los que se firmen acuerdos de reasentamiento, utilizando otros factores de relaciones internacionales en la ecuación: política versus seres humanos”.

Así, afirma que desde las instancias europeas “pareciera no existir mejores alternativas para enfrentar el tráfico de seres humanos”.

“Las órdenes de expulsión no sólo suponen el último clavo para un ataúd llamado Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un texto eminentemente europeo que después de 60 años de aplicabilidad ha dejado de ser operativo. Crean, además, un riesgo de seguridad pública en los campos de detención que se aferran a permanecer en territorio europeo”, concluye.