Investigador de la U. Autónoma busca proteger el litio y el hidrógeno verde frente a la rigidez normativa de la Unión Europea
Chile se encuentra en el centro de la transición energética global al concentrar cerca del 40% de las reservas mundiales de litio y poseer condiciones geográficas únicas —como la radiación solar de Atacama y los vientos de Magallanes— para producir el hidrógeno verde más competitivo del planeta. Sin embargo, para acceder al mercado europeo, el país se ve obligado a adoptar exigencias ambientales diseñadas por la Unión Europea para una realidad continental muy distinta a la chilena.
El riesgo de estas normas externas es que ignoran la fragilidad territorial, como la extrema escasez hídrica de los salares o las particularidades sociales de las zonas de explotación, imponiendo reglas que vulneran la autonomía nacional. “El derecho a veces puede ser una herramienta hegemónica que impone una realidad sin considerar el contexto específico de una comunidad», subraya el Dr. Sebastián Preller, investigador de la Universidad Autónoma de Chile, quien lidera un proyecto Fondecyt Iniciación (2026-2029) para evaluar este impacto.
El riesgo de la “talla única” normativa
La investigación propone un modelo de «recepción diferenciada». El objetivo es que Chile cumpla los estándares globales sin someterse a la rigidez de la “talla única” europea, presente en normativas como el nuevo Reglamento de Baterías o el Ajuste en Frontera por Carbono. Aunque la UE busca evitar la «fuga de carbono» (que las empresas contaminen fuera del continente), el Dr. Preller advierte que esto revive el fenómeno NIMBY (Not In My Backyard, o «no en mi patio trasero»), donde las naciones ricas externalizan sus costos ambientales.
“Se habla mucho de que los países desarrollados dicen: me encanta la transición energética, pero si esto va a significar que se exploten los recursos de mi territorio, ya no me gusta tanto. Si lo hacemos al otro lado del mundo, ahí ya no tenemos tanto problema. No somos receptores pasivos del derecho; tenemos que ser capaces de evaluar cómo estas normas impactan en nuestra propia estrategia de desarrollo”, recalca el académico de 42 años.
Bajo la guía del geógrafo y experto en gestión ambiental, Guillermo Espinosa, el estudio utiliza la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como metodología principal. El equipo de trabajo integra a la licenciada en Estudios Internacionales, Francisca Villablanca, y a la cientista política, Carol Muñoz, quienes procesarán datos críticos en el Lisa Lab de la Universidad Autónoma. Además, el proyecto cuenta con un comité asesor de élite compuesto por los académicos Manuel Cienfuegos (U. Pompeu Fabra de España), Nicolás Perrone (U. Valparaíso) y la abogada de la Cancillería chilena, Valeria Chiappini.
Herramientas para la soberanía del Estado
El resultado final será un Policy Paper e indicadores de incidencia que se entregarán a la Biblioteca del Congreso Nacional. “Entregaremos una herramienta que le sirva al Estado para evaluar de qué manera el derecho europeo incide en nuestros propios planes de desarrollo”, señala el experto en derecho internacional nacido en Vitacura.
Este estudio de tres años es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) con un presupuesto de 120 millones de pesos. “Mi mayor anhelo es mantener una investigación científica que profundice el conocimiento y genere nuevo interés en los investigadores que vienen detrás”, puntualiza el Dr. Preller, quien ingresó en 2023 a la U. Autónoma y actualmente es académico en el claustro del Doctorado en Derecho.