Experto del Instituto de Investigación en Derecho valora acuerdo climático alcanzado en cumbre de París
Por primera vez en la historia, Estados soberanos de todo el mundo se comprometieron a enfrentar el cambio climático con la adopción de un acuerdo global sobre el clima, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21).
Después de dos semanas de intensas conferencias en París, el ministro de Asuntos Exteriores francés preguntó a la sesión plenaria si deseaba adoptar el acuerdo, y transcurridos unos breves momentos -sin que hubiera voz de disenso- el Presidente declaró la validez del texto.
Su valor se sustenta en que a medida que la temperatura global del planeta aumenta, mayores son las probabilidades de que se produzcan fenómenos meteorológicos que causan daños económicos y ponen en riesgo la vida animal.
Según el Dr. Antonio Muñoz, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago, “este instrumento permite una aproximación de abajo hacia arriba, con compromisos individuales de los Estados para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, así como un mecanismo de revisión para aumentar los umbrales de compromiso cada cinco años”.
Doctor en Derecho Internacional Público y Europeo, y Master en Derecho de la Unión Europea –ambos por la Universidad Carlos III de Madrid, España- el experto del Instituto de Investigación en Derecho recuerda que “las partes firmantes se comprometen a lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga bastante por debajo de los 2°C y a limitar el aumento de las temperaturas a 1,5° en comparación con la era pre-industrial”.
Con este, son dos los instrumentos de medio ambiente obligatorios desde la firma del Protocolo de Kioto (Japón) en 1997. “La diferencia es que este último sólo exigía la acción de unas pocas docenas de países desarrollados, que paradójicamente hasta la fecha habrían sido los emisores más persistentes de contaminantes”, puntualizó Muñoz.
A su juicio, en esta ocasión se espera que todos los países sean responsables. “Si bien, fijando diversas responsabilidades, las economías nacionales más desarrolladas seguirán teniendo un rol protagonista para adaptar sus procesos económicos globales a umbrales reducidos de emisiones, las naciones en desarrollo continuarán aumentando sus esfuerzos de minimización parciales”, explicó, subrayando que «la ONG Greenpeace ha bautizado este acuerdo como el inicio de la desaparición de la era de los combustibles fósiles».
Para el profesor Muñoz, otro apartado relevante del documento es el dedicado a “’financiación del clima’, es decir, subsidios entregados a los países en desarrollo para ayudarles a reducir las emisiones y remediar efectos adversos del cambio climático”.
En un protocolo anexo, los países más desarrollados se comprometieron a entregar US$100.000 millones a partir desde el año 2020 e incrementar esa cifra a partir del 2025. “Al situar el capítulo financiero en un texto anexo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, se relativizan los beneficios del Acuerdo marco y sin duda aquí se encuentran los mayores argumentos para la crítica por ejemplo de grupos medioambientalistas”, precisa.
Sin embargo, asegura que la adopción de este documento pone fin a un largo proceso y a la traumática experiencia de la Conferencia del Clima de Copenhague de 2009, donde se llegó a negociar un acuerdo similar, pero que nunca alcanzó el consenso necesario.