Excelencia en investigación jurídica: Universidad Autónoma integra a nuevos talentos a su prestigioso Doctorado en Derecho
Con el foco puesto en la generación de conocimiento de vanguardia, la Universidad Autónoma de Chile oficializó el ingreso de una nueva generación de investigadores a su programa de Doctorado en Derecho. Los abogados Diego Campos, Pamela Encina, Ximena Gandarillas, Jhovanka Ramírez, Benjamín Torres y Laura Villegas conforman esta cohorte que asume el reto de liderar la reflexión jurídica contemporánea desde nuestra casa de estudios.
El encuentro de bienvenida, realizado en el mes de abril, estuvo encabezado por el decano de la Facultad de Derecho, Dr. Sebastián Bozzo; junto a la directora de Doctorados, Dra. Kattia Núñez; el director del programa, Dr. Francisco Bedecarratz; y la coordinadora académica, Dra. Pilar Suazo.
Investigación de frontera y valor agregado
El Doctorado en Derecho fue iniciado en 2013 y actualmente está acreditado por cuatro años. En ese contexto, el Dr. Francisco Bedecarratz enfatizó que este programa “está orientado a la formación avanzada en investigación jurídica y a la producción de conocimiento original, riguroso y socialmente relevante. Nuestro programa ha venido consolidando una línea de investigación de frontera en torno al impacto de tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, las neurotecnologías y los entornos inmersivos, en el Derecho. En este contexto, el LISA Lab (Laboratorio de Innovación, Tecnología y Frontera de las Ciencias Jurídicas) constituye un espacio especialmente valioso, que permite articular investigación jurídica con soporte tecnológico avanzado, favoreciendo el desarrollo de proyectos innovadores y el trabajo interdisciplinario”.
Desafíos de los nuevos estudiantes
Ximena Gandarillas Parra destacó que: “mi investigación busca desarrollar una protección jurídica efectiva frente al impacto de la inteligencia artificial en personas neurodivergentes, analizando cómo estos sistemas profundizan sesgos en ámbitos como la educación y el empleo. El objetivo es proponer mecanismos de regulación que resguarden la dignidad y autonomía frente a las tecnologías automatizadas, aportando una base doctrinaria para futuras políticas públicas en Chile y Latinoamérica que promuevan modelos tecnológicos más inclusivos y éticos”.
En tanto, Pamela Encina Meneses dijo que “uno de los desafíos actuales es lograr que nuestras normas reflejen adecuadamente las transformaciones de la sociedad chilena. Mi trabajo se centra en la interculturalidad, concepto debatido en procesos constitucionales, pero del cual aún falta un análisis propiamente jurídico sobre sus alcances y proyección dentro del ordenamiento, más allá de posiciones ideológicas”.
Para la colombiana Laura Villegas Grimaldo, “Chile representa la vanguardia en regulación y estabilidad institucional en el Cono Sur. El eje de mi estudio es la reconceptualización del patrimonio para integrar bienes digitales programables, como criptomonedas y CBDCs, bajo un marco de transparencia financiera. Busco generar un impacto tangible en áreas críticas como sucesiones e insolvencia y protección del consumidor”.
Por su parte, Benjamín Torres Gálvez afirmó que “mi interés surge al constatar que problemas públicos, como la regulación de actividades económicas, se abordan sin un desarrollo jurídico profundo. El derecho público debe recuperar un rol central para equilibrar el desarrollo y protección de las personas. Mi investigación busca generar bases sólidas que mejoren la toma de decisiones de la Administración”.
Finalmente, Jhovanka Ramírez-Lobovsky resaltó que “el desafío es construir un estándar jurídico para garantizar una motivación adecuada en los actos administrativos ambientales. Mi eje es la ecodatificación en proyectos tecnológicos e infraestructuras verdes, para demostrar que es posible alcanzar un equilibrio real entre el bienestar social y la preservación ambiental, dotando de mayor legitimidad a las decisiones estatales”.