El pasado lunes 13 de abril la Dra. Isabel Cornejo, académica e integrante del Instituto de Investigación en Derecho (IID) de la Universidad Autónoma, expuso en la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados, a propósito del proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías ((boletín N° 13828-19-S), que se discute desde el año 2020.
El proyecto, que se encuentra en segundo trámite constitucional, es de origen en una moción del senador Alfonso De Urresti y cuenta además con la firma de la exsenadora Carolina Goic y los exsenadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Guido Girardi.
La Dra. Cornejo fue convocada como experta, ya que además es catedrática Jean Monnet en comportamiento humano y regulación de neurotecnologías. En la sesión, que también contó con la presencia de la ministra Ximena Lincolao, la investigadora de la U. Autónoma expuso su análisis sobre los riesgos y desafíos éticos, jurídicos y científicos asociados al avance de las neurotecnologías, así como las propuestas técnicas para garantizar la protección de la integridad mental de las personas y regular la investigación en la materia. Su intervención incluyó referencias a marcos internacionales, criterios de consentimientos informados y recomendaciones para mecanismos de supervisión y fiscalización de proyectos neurotecnológicos.
“Este proyecto es importante porque regula las neurotecnologías comerciales, las cuales son aquellos dispositivos que impactan en el cerebro y el sistema nervioso central y que no se encuentran reguladas”, explicó la Dra. Cornejo, agregando que “esta normativa es muy esperada por la doctrina internacional que se ocupa de este tema, ya que sería la primera en positivizar los neuroderechos, además definir los neurodatos, constituyéndose en un avance que situaría a Chile en la cúspide legislativa de regulaciones de frontera”.
La presencia de la investigadora del IID se enmarca en el interés parlamentario por contar con asesoría técnica especializada antes de la votación del texto en el Congreso, en un debate que busca equilibrar la promoción de la investigación y la innovación con la protección de derechos fundamentales frente a tecnologías emergentes.