Centro de Regulación y Consumo de U. Autónoma proyecta investigaciones y asesorías externas para 2018
Una activa vinculación con actores relevantes en la materia y el desarrollo de proyectos de investigaciones a cargo de expertos y estudiantes de pregrado, han sido parte de la gestión del Centro de Regulación y Consumo (CRC), que acaba de cumplir un año de funcionamiento.
El organismo, dependiente del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, dio a conocer las conclusiones y alcances de las actividades realizadas durante este 2017, en una cuenta pública encabezada por el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. José Francisco García y el director del CRC, Dr. Sebastián Bozzo.
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“Este primer año ha sido muy exitoso, porque hemos cumplido los objetivos trazados, que seguiremos consolidando con el apoyo decidido de la Facultad como ha sido hasta ahora. Y a la vez proyectar los desafíos para el 2018”, explicó el director.
Entre ellos, destacó la elaboración del estudio “Protección del consumidor: estudio legislativo de los últimos 8 años”, elaborado por estudiantes de pregrado y la tutoría de alumnos del programa del Doctorado en Derecho, en el marco del programa “Jóvenes Investigadores”.
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Otras iniciativas, en el área de vinculación con el medio y la educación a la comunidad en temas de consumo, han sido parte de la gestión del CRC durante los últimos 12 meses.
“Hay también varios desafíos”, añadió el Dr. Bozzo. “Por ejemplo, concretar un programa de magíster en esta materia, y tener un rol más preponderante en la asesoría a los diferentes actores relacionados con materias de consumo, sobre todo con la próxima instalación de un Parlamento con nuevas fuerzas políticas”.
En ese sentido, subrayó la importancia de poner a disposición de las instituciones los conocimientos y la experiencia de sus especialistas.
El Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, busca contribuir con la comunidad científica, los organismos reguladores y de la sociedad civil, a la definición de las políticas públicas en el ámbito de la protección al consumidor, generando una condición de mayor igualdad con los proveedores de productos y servicios.