El avance silencioso de los bots —software diseñado para ejecutar automáticamente tareas repetitivas y de gran volumen— está transformando los juicios en los tribunales, al poner en riesgo la verificabilidad y la transparencia en cómo operan estos sistemas. Frente a este desajuste entre la tecnología y las garantías del debido proceso, el programa Actúa Legal de la Universidad Autónoma de Chile está articulando estrategias para auditar empíricamente el impacto real de la automatización en los litigios.

“La incorporación de tecnología no puede producir decisiones o actuaciones procesales cuya formación resulte imposible de reconstruir. Por ello, el programa estudiará la trazabilidad de los sistemas automatizados, identificando los datos utilizados, las reglas aplicadas, la intervención humana y la posibilidad de revisar o impugnar sus resultados. Al mismo tiempo, analizará sus efectos sobre la igualdad procesal, especialmente cuando una de las partes dispone de herramientas tecnológicas, información y capacidad de litigación masiva que la otra no posee”, detalló el Dr. Rodrigo Barcia Lehmann, director de Actúa Legal y académico del Instituto de Investigación en Derecho (IID).

Una alianza clave con la industria

Para materializar esta visión, el Dr. Barcia y la Dra. Erika Isler, directora del IID, se reunieron —el 28 de julio en la sede Providencia de la casa de estudios— junto a Raúl Del Oro, representante de Defensas y Negocios Jurídicos (firma de asesoría legal y litigación corporativa); Ricardo Ibáñez, de Defensa Deudores (estudio especializado en insolvencia y protección de personas deudoras); y Sebastián Encina Orrego, de Lexy (plataforma legaltech enfocada en la automatización de procesos judiciales).

“La vinculación con estos actores nos permite acceder a problemas, experiencias y datos provenientes del funcionamiento cotidiano del sistema jurídico. Estos antecedentes podrán transformarse —con el debido resguardo de la confidencialidad, la protección de los datos personales y la independencia académica— en bases anonimizadas, estudios de casos e investigaciones cuantitativas y cualitativas”, destacó el Dr. Barcia.

Superar el dogma normativo

Para el investigador, el principal vacío que busca superar esta iniciativa es la distancia histórica que todavía existe entre la elaboración teórica del Derecho y la manera en que las instituciones operan a diario. “Actúa Legal pretende convertir esos problemas reales en objetos de investigación rigurosos, susceptibles de ser observados, medidos y contrastados. Así, la práctica no será solamente una fuente de ejemplos, sino también un punto de partida para generar conocimiento académico, evaluar críticamente las instituciones y formular propuestas de mejora sustentadas en evidencia”, subrayó.

En este camino, el programa —vinculado también al Doctorado en Derecho— ampliará su foco empírico hacia áreas críticas como ciberseguridad, sobreendeudamiento, tiempos de tramitación y responsabilidades en el sistema judicial, consolidando un puente definitivo entre la academia, la práctica forense y la innovación legal.

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