Investigador de la U. Autónoma busca zanjar "vacío legal" sobre acceso a la justicia en la calificación ambiental
En 2024 ingresaron 556 proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por una inversión declarada de más de 71 billones de pesos, según datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Estos proyectos generan actos administrativos —como pertinencias, resoluciones de calificación ambiental y sus modificaciones— que se notifican únicamente a los participantes del procedimiento. Esto deja sin un plazo legal claramente definido a terceros que podrían presentar recursos de protección o reclamaciones ambientales.
Para abordar esta problemática, el Dr. Pedro Harris, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, dirige un proyecto Fondecyt Regular 2025-2027 para determinar el inicio del periodo para que este grupo segregado pueda impugnar decisiones dentro del SEIA. “El objetivo es entender cuándo un tercero puede reclamar, porque define su capacidad de hacer valer la garantía constitucional de acceso a la justicia”, afirma.
Vacío legal y ficción judicial
La Ley N.º 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y su reglamento, junto con la Ley N.º 20.417 que regula el SEIA, establecen cuándo inicia el cómputo del plazo para integrantes de los procedimientos, pero no para terceros no participantes. “Existe un vacío legal para que ellos reclamen, que en general es de 30 días. En la práctica judicial esa problemática es resuelta a través de una presunción de conocimiento. Es una ficción judicial que permite acreditar que ese tercero tuvo conocimiento de la dictación de un acto”, explica el investigador de 41 años.
El proyecto del Dr. Harris contempla en su primer año un examen de jurisprudencia sobre casos en que los tribunales han declarado extemporáneos recursos de personas que no participaron, identificando cuándo se considera que supo de un acto administrativo, por ejemplo, a través de la publicación en la plataforma del SEIA o reclamos previos. En el segundo año, se estudian las opiniones de expertos y se comparan criterios de tribunales nacionales e internacionales, evaluando si estas suposiciones respetan el derecho de las personas a acceder a la justicia. Finalmente, se busca proponer mecanismos que amplíen los tiempos de reclamación o faciliten vías alternativas para quienes no estuvieron directamente involucrados, garantizando mayor claridad y seguridad jurídica.
Certeza jurídica
Según explica el doctor en Derecho Público, su investigación busca generar “certeza jurídica a un tema crucial, ya que los tribunales tienen interpretaciones tan dicotómicas, tan alejadas. La discusión de cuál es el plazo es accesorio, lo esencial es saber desde qué momento se empieza a computar el lapso de reclamación para el titular del proyecto, quien debe iniciar obras o contraer compromisos financieros”.
El Dr. Harris, nacido en Santiago y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma con amplia trayectoria en derecho ambiental, valora el financiamiento de ANID de 20 millones de pesos: “Este respaldo reconoce la relevancia del tema y nos permite desarrollar un estudio profundo que aporte claridad y soluciones prácticas a la gestión ambiental”, señala.