Investigador de la U. Autónoma busca regular el uso de Inteligencia Artificial en procesos ambientales para proteger derechos indígenas
En Chile, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) opera bajo una alta demanda, con 622 proyectos de inversión ingresados solo el último año. Esta búsqueda de celeridad técnica encuentra su mayor desafío ético y jurídico en los territorios ancestrales, donde desde 2013 se han realizado 446 consultas indígenas para garantizar los derechos fundamentales mandatados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dicho sistema enfrenta el riesgo de invisibilizar estas realidades debido a la incorporación de algoritmos carentes de un enfoque intercultural. “El ordenamiento jurídico chileno hoy presenta un problema normativo. No se advierten respuestas jurídicas consistentes respecto a la Inteligencia Artificial, la evaluación ambiental y los pueblos indígenas. Lo que buscamos es una forma de interpretar el derecho para dar respuesta a este vacío”, advierte el Dr. Juan Jorge Faundes, investigador de la Universidad Autónoma de Chile.
Para abordar esta brecha, el académico nacido en Temuco lidera un proyecto Fondecyt Regular destinado a proponer un marco jurídico que identifique y mitigue los riesgos de la automatización. El objetivo es armonizar el desarrollo tecnológico con el respeto a los derechos humanos, evitando que el procesamiento de datos vulnere la cosmovisión de las comunidades originarias.
Hermenéutica precautoria e intercultural
El estudio propone una «hermenéutica precautoria» para que la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Convenio 169 de la OIT funcionen como un escudo ante el avance tecnológico. Esta interpretación del marco legal vigente busca que jueces y organismos estatales identifiquen sesgos algorítmicos antes de que afecten la sabiduría ancestral y la integridad de las comunidades territoriales.
“El equipo utilizará el Laboratorio de innovación, tecnología y fronteras de la ciencia jurídica (DDlab-UA). Vamos a sistematizar normas y jurisprudencia internacional para proponer una regulación que brinde seguridad jurídica tanto a las comunidades como a la industria”, detalla el Dr. Faundes. Esta labor metodológica cuenta con la colaboración de la Dra. Isabel Cornejo Plaza (U. Autónoma), especialista en neuroderechos y bioética; el Dr. Cristóbal Carmona Caldera (U. Diego Portales), experto en derecho indígena; y el Dr. Cristian Alister Sanhueza (U. de la Frontera), quien aporta desde las ciencias sociales y territoriales.
Seguridad jurídica y estándares normativos
El resultado de la investigación se traducirá en un modelo de aplicación concreta para los organismos encargados de la evaluación ambiental en Chile. El objetivo es que la integración de algoritmos no degrade la calidad de los procesos, sino que cuente con parámetros claros que otorguen garantías a todos los actores del sistema. “Si no regulamos cómo se usa la IA en procesos ambientales, las empresas se arriesgan a litigios judiciales constantes. Tener parámetros claros beneficia tanto a las comunidades como a la industria”, enfatiza el académico de 54 años.
Financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), este proyecto es liderado por el Dr. Faundes, quien se integró a la sede Temuco de la Universidad Autónoma en junio de 2018. “En la línea Fondecyt, es mi tercera adjudicación. Para nuestra institución y para mi carrera, significa la consolidación de una línea de investigación que busca dar respuestas jurídicas consistentes a desafíos tan complejos como la Inteligencia Artificial y los derechos indígenas”, sentencia.