Investigador de la U. Autónoma busca modernizar la ley del consumidor ante daños por inteligencia artificial
En abril de 2025, el suicidio de Adam Raine impactó al mundo. ChatGPT “ayudó activamente” al estadounidense de 16 años con “información sobre métodos de autolesión”, según la demanda presentada por sus padres contra OpenAI, propietaria del chatbot, por negligencia y homicidio culposo. Fue la primera de varias denuncias similares, reactivando el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la salud física y mental, en un contexto de creciente integración de estas tecnologías en productos y servicios de consumo.
En Chile, la regulación vigente está definida por la Ley N° 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPDC), aprobada en 1997 en un entorno analógico y orientada a productos físicos tradicionales. La actual era digital motivó al Dr. Sebastián Bozzo, investigador de la Universidad Autónoma, a liderar un proyecto destinado a identificar los “nudos críticos” de la legislación frente a daños provocados por sistemas de IA y a replantear el modelo de responsabilidad civil.
“En un sistema de inteligencia artificial tenemos al diseñador del modelo, al entrenador, al fabricante y muchos otros; no es fácil determinar dónde se origina el defecto o quién lo provoca. Si no podemos identificar el nexo causal, ¿cómo pedir indemnización?”, plantea el también decano de la Facultad de Derecho, al explicar la complejidad de atribuir obligaciones en estos casos.
Derecho europeo como referencia
Uno de los ejes del proyecto es el análisis comparado con el marco regulatorio europeo, que ha avanzado en normativas como el Reglamento de IA y la Directiva de Productos Defectuosos, incorporando conceptos como trazabilidad algorítmica, responsabilidad por productos con componentes digitales y la noción de “defecto” en sistemas autónomos. “Es un valioso insumo para comprender cómo el derecho europeo aborda estos desafíos y evaluar su aplicabilidad en Chile para garantizar una protección eficaz a los consumidores”, explica Bozzo, nacido en Concepción.
El estudio se desarrolla mediante un método dogmático y cuenta con la colaboración de expertos nacionales e internacionales: la Dra. Francisca Barrientos, la Dra. Mónica Navarro Michel, la profesora Erika Isler y el profesor Tomás García-Pico. En el primer año se realizaron workshops en Santiago y Barcelona, enfocados en temas como proveedor, producto y defecto en el contexto digital. Los resultados se plasman en papers académicos y documentos de trabajo que buscan orientar reformas legales futuras. En los años siguientes se prevén talleres adicionales en Europa y la publicación de estudios comparativos sobre responsabilidad civil y reparación integral del daño.
Responsabilidad solidaria y reconfiguración de la ley
El proyecto propone un modelo de responsabilidad solidaria que permita al consumidor exigir reparación incluso cuando no se pueda identificar claramente al responsable del daño. “La responsabilidad solidaria asegura que, aunque no sepamos exactamente dónde se originó el daño, el consumidor pueda recibir indemnización, y luego se distribuye la carga entre los distintos actores involucrados”, explica el doctor en Derecho, de 46 años.
Financiado por ANID con 56 millones de pesos, el proyecto Fondecyt Regular 2025-2028 fortalece el análisis dogmático y comparado de la legislación chilena frente a sistemas de IA. “Este financiamiento nos permite avanzar con estudios rigurosos y colaborar con expertos internacionales, consolidando años de investigación en derecho, tecnología y políticas públicas”, señala Bozzo, quien ingresó a la U. Autónoma en 2013 y actualmente es decano de Derecho y profesor titular del Módulo Jean Monnet.