Carlos Rivera ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Chile en 2015 y egresó en 2020. Un año después obtuvo el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, y en 2022 fue nombrado abogado por la Excelentísima Corte Suprema. Su formación continuó con un Magíster en Derecho Civil Patrimonial en la Universidad de Talca, del que egresó en 2025.
Optar por la Universidad Autónoma respondió a una necesidad concreta: estudiar en una universidad regional sin alejarse de su entorno y de su familia. A eso se sumó un factor decisivo, el estar adscrita a la gratuidad, lo que le permitió concentrarse plenamente en su formación académica. Con el tiempo, Rivera confirmó que fue la decisión correcta, pues recibió una sólida formación jurídica y participó activamente en instancias como el Centro de Alumnos y la Clínica Jurídica, experiencias que fortalecieron su compromiso con el servicio público y el ejercicio responsable de la profesión.
Hoy, Rivera se desempeña como docente de Derecho Civil en la misma casa de estudios, preparando a estudiantes de quinto año para el Taller de Integración, instancia que reemplazó al examen de grado. En paralelo, ejerce como abogado en el ámbito privado, asesorando en materias de Derecho Civil Patrimonial. Su paso por instituciones públicas como la SEREMI de Bienes Nacionales y la SEREMI de Desarrollo Social y Familia le permitió, además, trabajar en la regularización de la propiedad y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Para él, el impacto de su labor está precisamente en esa combinación: formar a futuros abogados mientras ejerce una profesión orientada a resolver problemas concretos de las personas.
“Creo que mi labor genera impacto porque combina la formación de futuros abogados con el ejercicio profesional orientado a resolver problemas concretos de las personas”
Esa mirada se conecta directamente con el concepto que guía esta campaña. Desde que era estudiante, Rivera participó en la Clínica Jurídica y en la Corporación de Asistencia Judicial, donde comprendió que detrás de cada causa hay personas y familias que necesitan soluciones reales, una experiencia que marcó su forma de ejercer la profesión. Hoy procura generar ese mismo impacto desde distintos espacios: en la docencia, formando abogados con una visión crítica y comprometida; en el ejercicio profesional, entregando asesoría jurídica de calidad; y en el servicio público, contribuyendo a materias de protección de derechos y patrimonio fiscal.