En 2018, mientras Walter Pérez Niño recibía su grado de Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chile, trazaba en paralelo el inicio de una maratón monumental: postular a la judicatura en su natal Colombia. Tras sortear un laberinto institucional de altísima complejidad, esta carrera culminó casi una década después —el 1 de julio de 2026— al asumir como juez promiscuo municipal en Úmbita, Boyacá, un cargo equivalente al de un juez de letras de competencia común en Chile.
“Fue un proceso riguroso que incluyó exámenes de alta exigencia, entrevistas y complejas etapas jurídicas que incluso fueron dirimidas por la Corte Constitucional. Para esta categoría nos presentamos cerca de 9.500 aspirantes y solo una fracción mínima logramos superar cada filtro. Puso a prueba no solo la solvencia académica y técnica en cada evaluación, sino también la templanza y la perseverancia institucional para sostenerse en un concurso tan extenso”, señala Pérez.
De la biblioteca al estrado
Llevar esta alta preparación al ejercicio jurisdiccional responde a una convicción clara sobre el impacto del conocimiento en el sistema público. “Existe la idea de que la formación doctoral debe confinarse a las aulas. Sin embargo, para elevar los estándares del sistema, la Rama Judicial necesita profesionales del más alto nivel académico; ese conocimiento no puede quedarse en la biblioteca, debe estar en la trinchera del servicio público. La judicatura de base es la puerta de entrada de la ciudadanía al Estado, y allí se requiere un estándar riguroso de argumentación para dar respuestas justas a los problemas cotidianos”, afirma.
El Dr. Pérez cuenta que en el día a día de un tribunal de competencia común, este enfoque enfrenta retos técnicos, operativos y humanos inmediatos: “El principal desafío es la versatilidad dogmática: en una misma jornada debo pasar de resolver una audiencia penal a dirigir un litigio civil, de tierras o de familia. A esto se suma la gestión eficiente del despacho, pues la mora judicial es la incertidumbre de una familia o de un campesino que necesita resolver su conflicto. El juez no puede esconderse tras formalismos vacíos; el compromiso práctico es garantizar que las partes comprendan con claridad por qué y cómo se decide su caso”.
Un vínculo que cruzó fronteras
Aunque el magistrado ejerce en su país, su base metodológica fue forjada a más de cuatro mil kilómetros de distancia. “Las competencias que desarrollé durante el doctorado fueron determinantes no solo para abordar con solvencia técnica las pruebas de ingreso, sino para interiorizar las instituciones jurídicas en profundidad. En mi labor actual esas destrezas son precisamente las que marcan la diferencia. Frente a causas complejas, lagunas normativas o litigios con aristas novedosas, el método investigativo y la argumentación jurídica resultan indispensables para dictar fallos justos y debidamente fundados”, detalla.
Bajo esa premisa, insta a las nuevas generaciones a formarse con estándares globales y aprovechar la mirada comparada, una herramienta que considera vital “ya sea para insertarse con éxito en el extranjero o para regresar a fortalecer las instituciones públicas en el propio país”.
Este puente entre la academia chilena y la judicatura colombiana consolida la visión del postgrado. Así lo resume el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma, Dr. Francisco Bedecarratz: «Creemos que este es un tremendo hito para el programa, en tanto demuestra la inserción de nuestros doctores, no solamente en Chile, sino que en el extranjero».