Académicos de la Facultad de Derecho participaron en ciclo “Conversaciones con Jurídica” del SERNAC
Docentes del Espacio de Regulación y Consumo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile participaron en el ciclo “Conversaciones con Jurídica”, una instancia organizada por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) que reúne a especialistas del ámbito público y académico para reflexionar sobre temas de alta relevancia en el Derecho de Consumo.
En esta oportunidad, los profesores Dra. Erika Isler Soto y Dr. Ricardo Torres representaron a la institución compartiendo con los abogados del SERNAC un espacio de diálogo y análisis sobre los desafíos actuales de la protección de los consumidores. La profesora Isler expuso acerca de la Directriz pro consumidor, recientemente incorporada a la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, mientras que el profesor Torres abordó la temática del error en el precio y sus implicancias en la práctica comercial.
La actividad se desarrolló en un ambiente de intercambio académico y profesional, donde se destacó la importancia de fortalecer los vínculos entre la academia y los organismos públicos encargados de la defensa de los consumidores. Estas instancias, impulsadas desde el Espacio de Regulación y Consumo, reflejan el compromiso de la Universidad Autónoma de Chile con la vinculación bidireccional con el medio y la transferencia de conocimiento jurídico especializado.
Al respecto, la Dra. Erika Isler valoró la oportunidad de diálogo con el equipo jurídico del SERNAC: “Participar del Ciclo de Conversatorios fue una experiencia especialmente enriquecedora, en el sentido de que nos permite interactuar con quienes se dedican a la protección del consumidor desde el servicio público, realizando propuestas de aplicación de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores desde la agencia de protección”.
De esta forma, la Universidad Autónoma de Chile consolida su rol como referente académico en materia de Derecho del Consumo, aportando a la formación, la investigación aplicada y la colaboración con instituciones que inciden directamente en la protección de los derechos de las personas en el país.
