La reforma electoral aprobada por el Congreso en 2015, además de ampliar el número de diputados y senadores a 155 y 50, respectivamente, incluyó una Ley de Cuotas que establece que «de la totalidad de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos políticos, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo”, es decir, ninguno puede ser inferior al 40%.

Hasta el momento hay inscritas 360 candidatas a diputadas y 52 postulantes al Senado. Y pese a que las 412 candidatas al parlamento superan holgadamente a las 100 que se postularon en 2013, el resultado es incierto, considerando que de las 100 postulantes que se presentaron a la elección pasada solo 25 resultaron electas (6 al Senado y 19 a la Cámara de Diputados) llegando al 15,8% de representación femenina en ambas cámaras, muy lejos de países vecinos como Bolivia, que alcanza un 53.1% en la cámara baja y 47.2% en la cámara alta.

Según explica el abogado y Coordinador Académico del Magíster en Gestión de Gobierno de la U. Autónoma de Chile, Ms. Roberto Munita, la baja participación de la mujer “obedece a razones históricas, no obstante, en los últimos años ha subido radicalmente en el país. De hecho, nunca hubo tantas parlamentarias mujeres como las hay ahora, aunque igualmente sabemos que el número es bajo. Hay que pensar que la participación de la mujer en la política es un fenómeno relativamente nuevo, ya que hasta mediados del siglo XX no podían votar ni menos ser parlamentarias”.

Y a ello se suman razones de diversa índole, “como la dificultad para compatibilizar la vida política con la vida familiar; el hecho de que el Congreso esté en Valparaíso, que las sesiones terminen a las 21 horas o que haya mucho trabajo en terreno durante las semanas distritales, hacen que muchas mujeres lo piensen dos veces. Además, es socialmente más aceptado que el hombre cumpla este rol político, lo que se transforma en una barrera cultural importante”, afirma.

A juicio de Munita, nada asegura que la Ley de Cuotas pueda resolver el problema, “porque los pactos y partidos políticos pueden llevar candidatas como relleno solamente para cumplir la ley en cada cámara. Es decir, si van malas candidatas junto a candidatos hombres fuertes, estarán cumpliendo con la regla, pero no con lo que se espera”.

En ese sentido, plantea sus dudas respecto a que “fijar cuotas sea el mejor principio para que determinados grupos puedan acceder al Congreso, aunque de todas maneras su visión es necesaria o valorada”, agregando que “hay mejores mecanismos para promover la participación de grupos que se considera que son importantes que participen en el parlamento, como las minorías étnicas, los jóvenes, etc.”

Tampoco es partidario de generar una segunda Ley de Cuotas por resultado, es decir, “que haya ciertos cupos para hombres y otros para mujeres que estén asegurados, ya que esto puede generar distorsión dentro del sistema político y no le hace bien, porque queremos que estén los mejores representantes, sean estos hombres o mujeres”.

Formación e incentivos

Sin embargo, Munita postula que las regulaciones internas en los partidos son útiles. “Hay varios partidos que las han hecho, creando estamentos, vicepresidencias y mecanismos para la formación de mujeres. Además, hay incentivos, porque la ley premia la formación de cuadros femeninos para candidatas y les asigna financiamiento”, precisa.

En este contexto, destacó que hay tres candidatos al parlamento que son alumnos del Magíster en Gestión de Gobierno que imparte la Universidad Autónoma de Chile. De ellos, una es mujer que va como candidata al Senado. “Contamos un módulo específico sobre el Congreso, que se denomina “Acción Parlamentaria”, donde se aborda la Ley de Cuotas y sus efectos, además de la necesidad de contar con mujeres legisladoras, que aporten su visón y propuestas al Congreso”, sintetizó.

Roberto Munita es Director de Educación Continua y Postgrados de Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile.

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