El 6 de febrero recién pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de 132 comunidades indígenas de la provincia de Salta en Argentina, agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat, que demandaron al Estado por la violación al derecho de propiedad sobre un territorio ancestral cercano a la frontera con Bolivia y Paraguay.

Los fundamentos y alcances de esta sentencia fueron analizadas por investigadores durante el Ciclo de Jurisprudencia Actualizada, organizado por el Instituto de Investigación en Derecho (IID) de la Universidad Autónoma de Chile.

En la conferencia participaron la Dra. Silvina Ramírez, de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo (Argentina); el Dr. Juan Jorge Faundes, del IID; y el Dr. Pedro Pablo Silva, de la Universidad Alberto Hurtado.

Al presentar el caso, el Dr. Faundes explicó que las reclamaciones se centraron en general “en la construcción del puente internacional sobre el río Pilcomayo y otras infraestructuras asociadas que generaron una intervención importante del territorio, y en una tensión por el uso del territorio por parte de criollos no indígenas que afectó su propia sobrevivencia”.

La Dra. Rodríguez señaló que “esta sentencia es paradigmática. Es la primera vez que la Corte responsabiliza a Argentina por vulneración de derechos de pueblos indígenas”.

Añadió que “la controversia es si la conducta del Estado ha permitido brindar seguridad jurídica al derecho de propiedad y a su pleno ejercicio. No es disputable en este caso si las comunidades indígenas tenían derecho a estos territorios, sino si el Estado ha podido garantizar ese derecho”.

Por último, el Dr. Pedro Pablo Silva apuntó que “hasta ahora la jurisprudencia ambiental en materia indígena ha estado relacionada con el establecimiento de obligaciones ambientales por parte de la Corte hacia los Estados, derivadas del derecho a la propiedad comunal”.

Esta sentencia “también aborda la problemática ambiental desde la perspectiva de los derechos individuales, particularmente al derecho a la vida y a la integridad personal establecidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, respectivamente”.

El Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile estimula la cooperación e intercambio científico multidisciplinario nacional e internacional, y gestiona el Doctorado en Derecho y otros programas de postgrado.

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