Hoy la Inteligencia Artificial (IA) es una realidad y está cambiando por completo el ejercicio de las profesiones. Esto obligará que todas las unidades de enseñanza, incluidas las de Educación Superior deban realizar ciertos ajustes estructurales en los planes de estudios académicos. Sin embargo, para las Facultades de Derecho el cambio puede ser aún más radical.

Con la llegada de la IA la administración de justicia tendrá un soporte que le permitirá ser más efectiva, gracias al uso de los algoritmos, desarrollándose así un nuevo concepto, la llamada “justicia inteligente”.

La IA trabaja con algoritmos, es decir, a través de un conjunto de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y hallar la solución a distintos tipos de problemas. De esta forma, los algoritmos impactarán de lleno a nuestra actividad, pues la IA puede reemplazar ciertas tareas de los abogados y otros profesionales de la justicia.

Hoy, ya es una realidad la existencia de startups de “Legaltech” especializadas en el diseño de herramientas y servicios legales dirigidos a los profesionales del derecho, principalmente a los abogados, que ofrecen una profunda comprensión y retrato de la información judicial existente –y, más, especificamente– de las resoluciones judiciales. Se trata de empresas que trabajan para predecir el resultado de decisiones judiciales utilizando herramientas tecnológicas denominadas como justicia predictiva. Estas startups también elaboran perfiles de jueces y magistrados en base al estudio histórico de su actividad jurisdiccional.

De esta manera, la IA ayuda a cuantificar los factores que pueden inclinar la balanza en uno u otro lado, permitiendo que el abogado proporcione una asesoría legal de mayor certeza, gracias a la evaluación empírica y sistemática de posibilidades de éxito o fracaso de un determinado procedimiento judicial.

Sin embargo, no existe del todo claridad sobre sus beneficios, ejemplo de ello es Francia, que sorprendetemente ha limitado el análisis y predicción de litigios a través una prohibición que castiga hasta con 5 años de cárcel a quienes utilicen datos de magistrados y miembros del poder judicial con el propósito o efecto de evaluar, analizar, comparar o predecir sus prácticas profesinales reales o presuntas.

Por su parte Estonia, el país más digitalizado del mundo, lleva la delantera. El gobierno estonio trabaja desde hace un tiempo en la implementación de un proyecto de IA, que permitirá que juicios menores, aquellos en los que hay una disputa por montos inferiores de 7.000 €, puedan ser resuelto por “jueces robot”.

El trabajo del académico investigador también se ha visto favorecido, pues existen aplicaciones de IA que hacen más rápido y eficiente la búsqueda y el procesamiento de información jurídica.

Por otra parte, la administración de justicia realizada por nuestros tribunales también se verá beneficiada, pues la IA puede armonizar la jurisprudencia en los asuntos judiciales donde haya que establecer escalas o baremos, por ejemplo, en el ámbito de procesos civiles referidos a daños corporales o indemnizaciones compensatorias por divorcio, y procesos laborales de despidos con indemnización entre otros.

Tenemos entonces el deber de reflexionar sobre los cambios que debemos enfrentar en nuestros procesos de enseñanza, preguntándonos qué nuevas competencias le debemos entregar a nuestros estudiantes para los cambios que enfrentamos.

La justicia predictiva suele ser diseñada por empresas privadas por lo que sus algoritmos son secretos comerciales, que no son objeto de un escrutinio público. La calidad de lo que sale de un algoritmo depende de la calidad de los datos que entran: si los datos de entrada reflejan inadvertidamente, por ejemplo, el sesgo sexual, lo que sale también será lo mismo, a pesar de la aparente neutralidad y objetividad del algoritmo.

Es por esto que las facultades de derecho debemos aportar herramientas éticas para los futuros abogados: ¿qué rol les cabe a nuestros profesionales en el diseño y control de estas máquinas?

La European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) en el mes de diciembre pasado aprobó la Carta ética europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno. El propósito de esta carta es entregar principios éticos que pueden orientar a políticos, legisladores y profesionales de la justicia, para enfrentar el desarrollo de la inteligencia artificial en los procesos judiciales nacionales.

La pregunta que debemos hacernos es cómo permitimos entonces que nuestros estudiantes sean parte de esta transformación tecnológica. Para ello resulta clave que aprendan sobre programación, ética e inteligencia artificial, ciberseguridad, protección de datos personales, entre otras disciplinas.

Los expertos señalan que en una primera etapa del desarrollo de la IA, ésta será una herramienta para los abogados seniors, reemplazando las tareas que hoy cumplen los abogados jóvenes. Pero ninguna máquina puede hablar con un cliente o discutir con un juez. Es decir, los trabajos de conocimiento serán remplazados por algoritmos, pero los trabajos de prudencia, sabiduría o que requieran habilidades blandas se mantendrán.

Las Facultades de Derecho más “inteligentes” serán capaces de adaptarse a la era de la 4ª revolución industrial, entregando competencias a nuestros estudiantes que les permitirá competir no contra la IA, sino con la IA.

Fuente: La Tercera

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