En el contexto de un profundo análisis de la reforma procesal adolescente, la Universidad Autónoma de Chile en Talca desarrolló un congreso que revisó los diez años de implementación de la ley 20.048 en Chile, actividad que fue organizada por la Facultad de Derecho de la casa de Estudios.

El congreso denominado “Luces y sombras de la responsabilidad penal adolescente”, contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Menores (Sename), la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Regional del Maule y la Sala de Menores del Juzgado de Garantía de Talca, además de especialistas en la materia, lo que abordaron temas relacionados con identidad de género, salud mental, seguridad y desafíos para avanzar en materia legislativa.

Responsabilidad Penal IIEl Presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Ministro Moisés Muñoz, destacó la importancia de esta instancia de conversación y propuestas de las diferentes instituciones que trabajan directamente con los jóvenes. “Nos resulta bastante interesante que la Universidad Autónoma, después de una década de la ley, tenga la oportunidad de analizar un texto jurídico que está en permanente discusión. Tiene cosas positivas, también negativas como todas las normas jurídicas y eso es bueno analizarlo aquí a la luz de un auditorio bastante concurrido para sacar algunas conclusiones y que estas mismas puedan llegar a las autoridades correspondientes para que se mejore la normativa”, afirmó Muñoz.

Según cifras del Sename, en la región existen aproximadamente 50 niños privados de libertad, de un total de 800 menores en el medio libre. Es por esto que su directora en el Maule, Ana Cecilia Retamal, subrayó la relevancia de la reinserción de los jóvenes al mundo laboral y educativo. «Lo que hoy día esperamos y lo que nosotros como comisión nos propusimos es entregarle a los intervinientes y a los operadores que trabajan con los jóvenes a diario, herramientas y nuevas estrategias para que ellos puedan abordar de mejor manera a los jóvenes que han cometido algún tipo de infracción de ley,  y eso traducirlo en una mejor reinserción social de los mismos”, destacó Retamal.

 

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