Expertos en Derecho Internacional de Inversiones analizaron caso Crystallex Corp contra Venezuela

 

El 2011, la compañía canadiense Crystallex International Corporation inició un arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la expropiación en 2008 de la mina de oro Las Cristinas ubicada en el estado de Bolívar, uno de los yacimientos subterráneos con las mayores reservas del mundo.

El 2016, el tribunal arbitral dictó un laudo que establecía una compensación de US$1,2 billones a favor de los inversionistas, fallo que aún no se cumple debido a reclamaciones judiciales de ambas partes.

Este caso fue analizado en profundidad en el seminario “Crystallex vs. Venezuela: de la expropiación a la ejecución del laudo arbitral” organizado por el Centro de Regulación y Consumo de la Universidad Autónoma de Chile, en el marco de las actividades de divulgación del proyecto Fondecyt Iniciación “Protección de la inversión chilena en el exterior frente al riesgo de expropiaciones indirectas” liderado por la Dra. Ivette Esis.

Revise aquí el seminario completo

Al inaugurar la jornada, la Dra. Esis recordó que según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), a nivel global existen casi 3 mil acuerdos bilaterales de promoción y protección inversiones que establecen una serie de derechos, obligaciones y garantías, como cláusulas de expropiación, tratamiento justo y equitativo y de resolución de conflictos.

El Dr. Hernando Díaz-Candia, socio de WDA Legal (Estados Unidos), explicó las incidencias ocurridas durante el proceso arbitral administrado por el CIADI desde 2011 hasta 2016, que dictaminó que Venezuela había violado las garantías de trato justo y equitativo y la expropiación indirecta de los derechos de carácter económico de Crystallex.

Por su parte, Militza Santana, socia de Mezgravis & Asociados (Venezuela), precisó que después de dictado el laudo, la compañía inició el trámite judicial para su reconocimiento y posterior ejecución ante las cortes judiciales de Estados Unidos, que aún está en proceso.

Destacó además las órdenes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos que impiden la ejecución de laudos arbitrales y decisiones judiciales contra bienes de Venezuela en ese país, para proteger sus activos dada la crisis política y económica que está atravesando.

 

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