La carrera de Ingeniería en Construcción organizó un coloquio con expertos y actores del sector para discutir la Ley 20.958 de Aporte al Espacio Público, una normativa que establece un sistema de aportes al espacio público modificando la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relación a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU) por un nuevo sistema basado en mitigaciones sobre la base que todos los proyectos inmobiliarios sean públicos o privados generan externalidades en su entorno.
Al respecto, el director de la carrera de Ingeniería en Construcción, Bastián Cornejo, destacó que esta charla es un aporte en esta actual temática, que viene a generar un punto de inflexión en los proyectos de construcción e inmobiliarios “porque hay gente que asegura que la implementación de la ley va a generar un costo adicional en la construcción, y por lo tanto, los proyectos inmobiliarios van a frenarse. La finalidad de este coloquio es que los estudiantes puedan interiorizarse en este tema y que sepan lo que está pasando hoy en la industria en el área de la construcción”, precisó.

Uno de los expertos en esta área, Patricio Apiolaza, subgerente de una empresa inmobiliaria en la Región Metropolitana, planteó que en la legislación actual solo hay que preocuparse de generar el beneficio sobre el punto directo que se está impactando, pero esta ley establece que las mejoras se tendrán que hacer en sectores que proponga la municipalidad, independiente de las externalidades que solucione el proyecto inmobiliario cuando se está desarrollando directamente. “Según mi análisis, creo que esta transferencia va a ser directa al cliente, es decir, se llama Ley de Aporte al Espacio Público y uno de los principales objetivos es aportar a la personas que van a vivir finalmente en el sector y también que los que vivían en el sector no se sientan perjudicados, pero finalmente, según mi análisis, la persona que va a comprar en ese sector va a tener que pagar ese delta adicional, y es verdad que paga por un beneficio, por tener calles más grandes y por tener mejores parques, que es el objetivo principal también”, indicó.

Por su parte, Rodrigo Vargas, representante de la Cámara Chilena de la Construcción en el Maule, sostuvo que el gremio cree que todo lo que aporte a mejorar la planificación es un aspecto positivo. “Tenemos enormes déficits de planificación en ciudades que impactan negativamente en las personas, pero también tenemos algunas dudas de cómo esos aspectos positivos impactan también en los costos y en eso hay que tener un equilibrio suficiente para que sea una ley que finalmente aporte y no produzca solo encarecimiento. Hoy en la medida que la municipalidad tenga que abordar esta planificación de qué va a hacer con estos recursos, de alguna manera significa que va a tener una mejor visión de cómo se está desarrollando la ciudad y dónde tiene los problemas. Tener todo eso claramente identificado, ayuda a que la planificación en el siguiente paso sea bastante mejor. De hecho, nosotros en la cámara estamos proponiendo que se actualice el plan regulador, que son procesos largos, pero ya estamos viendo que estamos al debe y eso que es un plan regulador relativamente reciente en lo que es el contexto regional”, subrayó.

 

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