Un análisis de las modificaciones al Código de Justicia Militar y a la ley que regula la protección a funcionarios públicos que denuncian irregularidades, hizo el docente de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Chile Dr. Pablo Contreras, durante su exposición en la Cámara de Diputados.

Invitado a presentar sus consideraciones ante la Comisión de Defensa, el académico e investigador del Instituto de Investigación en Derecho (IID) de esa casa de estudios valoró el avance en su tramitación de ambos proyectos de ley, “especialmente para cumplir con las obligaciones internacionales”.

El primer proyecto extiende al personal de las Fuerzas Armadas la aplicación de la ley 20.205 que protege al funcionario público que denuncia irregularidades y faltas a la probidad.

A su juicio, los cambios propuestos “buscan resolver por la vía legislativa un vacío generado a partir de la interpretación hecha por la Contraloría General de la República y proteger a uniformados que hagan denuncias por actos irregulares o faltas a la probidad”.

Respecto del segundo, que excluye de la jurisdicción militar el conocimiento de causas por delitos comunes cometidos por militares y lo entrega a la justicia ordinaria, sostuvo que “la competencia de los tribunales militares debe circunscribirse únicamente al conocimiento de delitos militares en sentido estricto, esto es, aquellos que cautelan bienes jurídicos de naturaleza militar”.

Entre las líneas de investigación del Dr. Contreras están las Fuerzas Armadas. Uno de sus artículos científicos aborda estándares internacionales comparados respecto de la independencia e imparcialidad en los sistemas de justicia militar.

Precisó que el IID lleva adelante estudios de alto nivel con impacto en la formulación y desarrollo de políticas públicas, de modo que los proyectos de ley requieren de la mirada de académicos expertos para alcanzar sus objetivos.

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