Desde su entrada en vigencia a comienzos del 2014, 7 mil personas naturales y casi 2 mil empresas se han acogido a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que permite renegociar deudas con nuevas condiciones o liquidar bienes para saldar ese compromiso.

Aunque pronto cumplirá cuatro años, la norma debe aún demostrar su eficacia en regular y transparentar los procesos de quiebra.

Así lo señaló el director de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago, Patricio Valdés, durante su exposición en un seminario al que fue invitado para analizar los fundamentos y alcances de la legislación en esa materia.

A su juicio, la ley no se hace responsable de regular la preinsolvencia; es decir, cuando los resultados financieros de una persona o empresa no están acordes a las expectativas. Y como no ha habido crisis económicas severas, tampoco se puede establecer si es capaz de cumplir sus objetivos.

Añadió que algunos de los principios formativos del Derecho Concursal, son el respeto de la igualdad de los acreedores; la continuidad de la empresa por medio de acuerdos de refinanciación, y la protección del interés público por parte del Estado.

El seminario se realizó en paralelo al lanzamiento del libro “Curso de Derecho Concursal”, del profesor Andrés Bustos y el abogado integrante de la Corte Suprema Jorge Lagos.

El profesor Valdés trabaja actualmente en su tesis doctoral sobre insolvencia en la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Es además miembro del Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

En el encuentro participaron también Carlos Parada (liquidador de los casos Chang e Inverlink, entre otros); el profesor de la Universidad de Chile Rafael Gómez; el director del Departamento de Derecho Civil de la UNAB, Álex Zúñiga; y el director del Departamento de Derecho Comercial de esa casa de estudios, Andrés Bustos.

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