Derecho analiza los dos años de la Ley de Entrevista Videograbada a Niños, Niñas y Adolescentes
La carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, en conjunto con la Red de Universidades por la Infancia (RUPI), organizó un conversatorio para analizar los dos años de funcionamiento de la Ley N° 21.057 de Entrevista Videograbada a Niños, Niñas y Adolescentes, de manera de poner en evidencia los avances y desafíos pendientes de este cuerpo legal.
Esta ley tiene por propósito evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos señalados en esta norma legal, previniendo con ello el proceso de victimización secundaria.
La directora de la carrera de Derecho, Alin Acevedo, precisó que de acuerdo a los distintos tratados internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico del país, existe un rol que debe jugar el Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes que pasa por su protección sustentado en el interés superior de los menores. “Por ello nuestro país, a través de esta ley, ha intentado brindar esta protección, sin embargo, este proceso que se inició hace poco más de dos años tiene actualmente algunas problemáticas. No debemos olvidar que desde el año 2019 hemos sufrido distintos procesos que pueden vulnerar de alguna forma la aplicación efectiva de esta norma. Y es aquí donde queremos conversar, revisar y pronunciarnos al respecto”, subrayó Acevedo.
La moderadora de esta actividad, académica de la carrera de Derecho de la casa de estudios superiores, Dra. María Loreto Bobadilla, explicó que la idea fue revisar el desarrollo que ha tenido la aplicación de la norma legal en su segundo año de funcionamiento. “Vemos como la Convención de los Derechos del Niño está teniendo efecto en forma paulatina para terminar con esta invisibilidad con la que nos encontrábamos para este segmento y tener un foco de preocupación a través de una protección integral para los niños, niñas y adolescentes”, subrayó.
De esta manera, en la actividad participaron el comisario de la Policía de Investigaciones, Rodrigo Gonzalez, quien desarrolló el tema “La puesta en marcha de la entrevista”, exponiendo los elementos que desarrolla la policía civil cuando se enfrenta a un hecho en que es necesario obtener antecedentes a través de esta vía. “Todos debemos conocer, ahondar y sensibilizarnos frente a esta ley porque va en directo beneficio de los niños, niñas y adolescentes”, al tiempo que explicó como la PDI y el Ministerio Público han ido trabajando la puesta en marcha de la normativa, los pasos que se han establecido y las funciones y adecuaciones que se han debido definir para este efecto.
Igualmente, participó el asistente social del Ministerio Público, Ignacio Valdés, exponiendo el tema “Formación y acreditación de entrevistadores”, oportunidad en que entregó una mirada de cómo se realiza el proceso de la entrevista y sobre todo quién puede entrevistar, adhiriendo un proceso de formación con cursos iniciales especializados, capacitación continua, práctica permanente y retroalimentación.
El profesional hizo mención al protocolo NICHD, una técnica validada empíricamente para entrevistar a los niños cuando surgen denuncias de abuso, que fue desarrollada para otorgar directrices operativas a los profesionales que realizan entrevistas forenses a presuntas víctimas de abuso sexual infantil.
Finalmente, en representación de la Red de Universidades por la Infancia, el académico e investigador Isaac Ravetllat, desarrolló el tema “El rol de los niños, niñas y adolescentes en la evaluación de la Ley 21.057”. “Esta ley tiene unas particularidades. Va contra corriente y eso es curioso porque estamos en un ámbito en el fondo penal, y no deja de ser así que una norma entienda los mensajes que nos viene desde la Convención de los Derechos del Niño y demás estándares internacionales, y sea la que lidere un antes y un después”, haciendo alusión, por ejemplo, que la ley consagra que quien puede presentar una denuncia es el niño, niña y adolescente, “y en nuestro contexto que a un niño, niña o adolescente se le reconozca legitimación activa para poder ejercer un derecho, el que sea, de manera autónoma, y que no tenga que hacerlo a través de un representante, es una excepción”, destacó el experto.