Datos personales y coronavirus: ¿Debemos ceder parte de nuestra privacidad por el bien público?
Entrevista a nuestro director del Centro de Regulación y Consumo, Dr. Pablo Contreras: Datos personales y coronavirus: ¿Debemos ceder parte de nuestra privacidad por el bien público?
En un segundo acercamiento al tema de derechos protegidos, Re:Constitución consultó a expertos los alcances de una propuesta emanada hace un par de semanas por Harald Beyer y Loreto Cox que proponen ceder parte de nuestra privacidad para ayudar a combatir el coronavirus.
Se trata de un debate que lleva semanas y que está lejos de ser zanjado: ¿Puede o debieran terceros tener acceso a datos personales en pos de un bien común, como sería enfrentar el coronavirus? En las últimas semanas se sumó un nuevo episodio.
El 26 de abril el gobierno australiano elaboró la aplicación “COVIDSafe”, cuya principal función es tener una mayor trazabilidad de las personas expuestas al virus mediante el uso del sistema Bluetooth. En la actualidad cuenta con 5 millones de descargas, transformándose en la aplicación con el número de descargas más rápido en la historia de Australia.
Ese mismo día el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez y exministro de Educación, Harald Beyer y la académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Loreto Cox, en una carta en El Mercurio, hablaron sobre modelos para “salvar vidas”. En particular nombraron una propuesta, que confesaron, era controvertida: testeos masivos con un sistema de trazabilidad de contactos. “La trazabilidad de contactos en su versión más simple informa los recorridos utilizados por el infectado, permitiendo que las personas chequeen si hubo un posible contagio y se realicen el examen”, dijeron.
La carta, que detallaba las complicaciones al respecto, decía que “es momento de tolerar un riesgo de renuncia a la privacidad. Hay no sólo costos económicos, sociales y de salud mental que se ahorran, sino también otras vidas que se salvan. Y hay que ser claros, no se trata de descartar la privacidad de buenas a primeras, sino de asumir un riesgo calculado, bajo reglas e instituciones que permitan minimizarlo”. Concluía diciendo que puede existir una inclinación natural “de los defensores de la democracia liberal” a rechazar la idea misma antes de conversar. Sin embargo, agregaron, “nunca habíamos estado enfrentados a un problema como este”.
Una de las firmantes de la carta, Loreto Cox, argumenta que la discusión por los derechos restringidos en la pandemia se trata de una discusión mundial. “Muchos ven en una estrategia de testeos masivos y seguimiento de contactos una posible salida a la crisis actual, que nos tiene confinados, con enormes costos, en especial para los más vulnerables”.
Cox argumenta que un solo contagiado puede infectar a varios en un vagón de metro, por lo tanto no ve con malos ojos “un sistema que avise de la cercanía con un infectado impide que esos vecinos de vagón, ahora potencialmente contagiados, y sin saberlo, propaguen el virus a sus vecinos de vagón en su próximo viaje. Como cada infectado puede contagiar a varios, si no se detiene cuanto antes, el resultado es exponencial. El testeo masivo podría identificar a algunos de estos contagios, pero la trazabilidad de sus contactos permite detener su lógica exponencial”, señala.
La académica confiesa que si le hubieran planteado este tipo de medida en diciembre habría pensado que “era una locura”. Pero agrega que “hay que asumir que el mundo bajo el que vivíamos cambió, que las opciones que hoy tenemos son más limitadas y, por cierto, peores. En ese contexto es que nos preguntamos si vale la pena correr riesgos en privacidad, bajo el entendido de que ello podría permitir alivianar las otras restricciones que hoy pesan sobre nosotros, y sin conducir a un mayor”, reflexiona Cox.
Frente a voces que tras la carta han planteado sus reparos por el potencial poder que podría quedar en manos del Estado, Cox aclara que no necesariamente la información debe estar concentrada en esa entidad, y que “hay alternativas que permiten seguir los contactos con gran cuidado de la privacidad. Google y Apple han puesto a disposición un mecanismo descentralizado que almacena la información, de forma encriptada, en los smartphones de los propios individuos”.
Dada la dificultad y los planteamientos que surgen, Cox destaca que es necesario que se establezcan protocolos, sanciones y mecanismos “para evitar que una política de seguimiento de contactos se transforme en permanente una vez se acabe esta crisis. Creo que hay arreglos institucionales posibles (…). Y hay también, una ciudadanía vigilante, que probablemente no dejaría a un gobierno abusar de un sistema como este, así como así. No por nada vemos que en muchas democracias liberales se está avanzando en esta dirección”.
Lucas Sierra, investigador senior en el Centro de Estudios Públicos (CEP), abogado y profesor de derecho en la Universidad de Chile respondió a la propuesta de Beyer y Cox a través de una carta, (junto a Ernesto Ayala) en la que planteaba que si bien el diagnóstico es correcto, cuestionaba anudar el testeo masivo a la trazabilidad, la cual “significa entregar a terceros información privada de contactos, movimientos, compras y encuentros”.
Sierra profundiza su análisis. “Una de las cuestiones interesantes en Chile es que todavía no hay una institucionalidad suficientemente robusta para hacerse cargo de esto. Hay una ley sobre protección de la vida privada, pero no una institucionalidad que se haga cargo”, dice.
Fuente: La Tercera