Criptomonedas: prohibición versus regulación

 

 

or Francisco Javier Bedecarratz, abogado y doctor en Derecho, Universidad Autónoma de Chile

Diversos países, entre ellos China y Turquía, han prohibido las operaciones con criptomonedas (incluidas el Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y otras), mientras que otros consideran restringir su uso debido a la gran volatilidad de sus precios y la imposibilidad de control de emisión por parte de los gobiernos centrales. Cabe preguntarse si esta decisión debiese ser replicada en Chile.

El Banco Central Europeo ha señalado que las criptomonedas son una “representación digital de valor, no emitida por ninguna autoridad bancaria central, institución de crédito o emisor de dinero electrónico que, en ciertas ocasiones, puede ser utilizada como una alternativa al dinero”. Si bien el Bitcoin y otras criptomonedas permiten efectuar transferencias de valor a nivel nacional e internacional de forma directa, económica y segura, resguardando al mismo tiempo la identidad de sus usuarios, en la actualidad su uso principal es transaccional y en inversiones.

Junto a los legítimos beneficios que ofrecen, las criptomonedas también poseen características que las hacen atractivas para obtener ganancias ilegítimas o desarrollar actividades ilícitas. La volatilidad de los últimos tres meses ha atraído a un sinnúmero de especuladores, mientras que la posibilidad de efectuar transferencias directamente entre los usuarios, al margen de los entes reguladores y en (aparente) anonimato, ha llevado a que sean utilizadas en el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y secuestro de sistemas informáticos.

Sin embargo, frente a la creciente relevancia de las criptomonedas en los últimos años, el Estado chileno se ha mostrado pasivo al límite de la apatía. Si bien el SII ha aclarado en algo el tratamiento tributario de las criptomonedas, no ha existido una regulación orgánica de las mismas, con el fin de integrarlas al tráfico jurídico nacional y, al mismo tiempo, prevenir su aprovechamiento en la comisión de delitos.

Actualmente, Chile está emprendiendo profundos cambios político‑sociales, que requerirán nuevas fuentes de financiamiento para que los mismos sean viables a futuro. En este contexto, la “Industria 4.0” no puede seguir siendo un concepto vacío: debemos apostar por el desarrollo de tecnologías digitales, partiendo por la integración de las criptomonedas tanto en el sistema financiero como en el de prevención de delitos. Ello permitirá garantizar la recaudación tributaria de sus operaciones y favorecer su desarrollo en nuestro país, mientras otros países transitan hacia esquemas prohibicionistas, a causa de no haber regulado oportuna y adecuadamente dicho fenómeno. De tal forma, Chile puede transformarse en un referente regional en Fintech, al proveer servicios relacionados con criptoactivos a nuestros vecinos y asumiendo, de tal modo, un liderazgo temprano en la materia.

Fuente: LaTercera

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