«…Es el momento de preguntarse, entre otras muchas cosas, ¿cómo encauzar constitucionalmente el desarrollo de la informática y la IA para el bienestar de todos los chilenos y chilenas? ¿Qué acciones se tomarán frente a una eventual pérdida masiva de puestos de trabajo relacionados con la robotización? ¿Es necesario constitucionalizar nuevos tributos para contrarrestar algunos de sus riesgos?…

Por Michelle Azuaje

 

Chile atraviesa por un momento histórico importante: en unos pocos meses se decidirá si aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución, y esta oportunidad, que parece ser de inminente aprobación dado el contexto social actual, podría ser aprovechada para resolver también otro tipo de problemas que, siendo adicionales a los relacionados con las más urgentes demandas sociales, requieren de una respuesta a nivel constitucional. Me refiero a los relacionados con la Inteligencia Artificial y el entorno digital.

Si bien el progreso de la ciencia y la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial representan una oportunidad de desarrollo económico, también conllevan ciertos riesgos. Pese a las limitaciones propias de la globalización, que hacen complejo tener una mirada exclusivamente interna de ciertos fenómenos relacionados con la tecnología, las constituciones nacionales deberían preocuparse por incorporar algunos derechos y garantías para proteger a las personas frente a los riesgos del desarrollo tecnológico, o bien, por adaptar su catálogo tradicional para que se adecue a las demandas de una sociedad de redes sociales, ciberataques, big data, Internet, drones, smart robots, vehículos autónomos, entre otros, para adaptarlo a la cuarta revolución industrial.

Si bien es cierto que la protección de datos y la privacidad (que son de los derechos normalmente más vulnerables en el entorno digital) se encuentran ya amparados bajo el sagrado manto constitucional chileno, la inteligencia artificial y la informática plantean otras nuevas dudas que pueden afectar derechos y libertades de las personas e, incluso, el desarrollo de la personalidad misma y de la dignidad humana.

Y si alguien pudiera pensar que esta situación es lejana, tenga en cuenta que hace un par de meses se anunciaba nada más y nada menos que “Chile se puso a la vanguardia latinoamericana al contar con el primer vehículo autónomo de la región”.

Aunque se trata de una labor sumamente compleja, es el momento de preguntarse, entre otras muchas cosas, ¿cómo encausar constitucionalmente el desarrollo de la informática y la inteligencia artificial para el bienestar de todos los chilenos y chilenas? ¿Qué acciones se tomarán frente a una eventual pérdida masiva de puestos de trabajo relacionados con la robotización? ¿Es necesario constitucionalizar nuevos tributos para contrarrestar algunos riesgos de la robotización? ¿Debe promoverse constitucionalmente la educación digital? ¿A qué niveles? ¿Cómo garantizarla? ¿Qué medida constitucional puede adoptarse para disminuir la brecha digital?

En relación con los graves problemas de salud mental que afectan a un sector importante de la sociedad chilena, ¿tienen o tendrán los chilenos un derecho a desconectarse digital o electrónicamente? Por otra parte, ¿en qué ámbitos de la vida pública o privada podrían tomarse decisiones automatizadas sin contar con las personas mismas? ¿Las decisiones automatizadas afectarían el debido proceso? ¿Qué límites se impondrán al uso de sistemas informáticos que tomen decisiones propias y autónomas? ¿Se requieren limitaciones constitucionales a la minería de datos? ¿Cuáles? ¿Por qué? Y así muchas otras cosas…

En fin, en tiempos de una nueva Constitución Política resultaría más que oportuno que, además de resolver lo más urgente, pudiera contemplarse un nuevo catálogo de derechos digitales para una nueva sociedad digital.

* Michelle Azuaje Pirela es doctora en Derecho, coordinadora del proyecto Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile, profesora e investigadora del Instituto de Investigación en Derecho de este último plantel e investigadora Postdoctoral de la Fundación Carolina.

 

Fuente: El Mercurio

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