El 28 de octubre de 2021 se dio a conocer la Política chilena de inteligencia artificial (en adelante “la Política”) que servirá de hoja de ruta para los próximos 10 años. Aunque algunos sectores consideran que es innecesaria, consideramos que su publicación en sí misma es una buena noticia. Esto porque la complejidad de los nuevos modelos de negocio de la cuarta revolución industrial y, en particular los impactos que tiene y se espera puedan seguir teniendo la lA y la automatización en diversas áreas vienen acompañados de múltiples efectos positivos y negativos para los que es conveniente prepararse.
Así, hemos advertido en otras oportunidades que la complejidad de la IA hace necesarios esfuerzos coordinados en áreas estratégicas para aprovechar el potencial de beneficios económicos y sociales que ofrece, pero también para proteger a las personas frente a los riesgos y situaciones que podrían implicar afectaciones a sus derechos. De esta forma, debemos prepararnos para enfrentar los desafíos y buscar nuevos equilibrios, de lo que resulta la necesidad de contar con dicha hoja de ruta.
¿Qué contiene la Política chilena de IA?
En este documento se presentan algunos lineamientos ejecutables durante los próximos 10 años, en torno al objetivo central de “empoderar a las personas en el uso y desarrollo de herramientas de IA, y participar en el debate sobre sus consecuencias legales, éticas, sociales y económicas.” Buscando además “insertar a Chile en la vanguardia y colaboración global relacionada con IA”, creando un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, que, a su vez cree nuevas capacidades en los sectores productivos, académicos y estatales.
También se busca contribuir al desarrollo sustentable a través de cuatro principios transversales: IA con centro en el bienestar de las personas, respeto a los derechos humanos y la seguridad; IA para el desarrollo sostenible; IA inclusiva; e IA globalizada. Adicionalmente, se plantean tres ejes: factores habilitantes, uso y desarrollo de Inteligencia Artificial en Chile y aspectos de ética y seguridad. La Política se acompaña de un “Plan de Acción” en el que se enuncian 70 acciones prioritarias y 180 iniciativas que se desarrollarán en el periodo 2021-2030. En esta nota destacamos algunos de sus elementos más importantes.
Algunos aspectos positivos del documento
En cuanto a lo positivo puede destacarse que la política se centra en el concepto de IA estrecha. Así, se adoptan las definiciones de la Universidad de Montreal y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”) que la conciben como “un sistema computacional que puede, para un determinado conjunto de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones y recomendaciones o tomar decisiones que influyen en entornos reales o virtuales”. La adopción de este enfoque facilita la comprensión necesaria para resolver los principales problemas y dilemas a los que deben dirigirse los esfuerzos a corto y mediano plazo. Mientras los estudios de anticipación que se proponen podrían hacerse cargo de los problemas a largo plazo.
Es positiva también la incorporación de áreas esenciales para el despliegue de la IA, por ejemplo, inversión en infraestructura, conectividad, formación y retención de talentos, reformas de currículum, entre otros. En la Política se transmite la importancia que tiene preparar a la ciudadanía para un mundo acorde con las nuevas tecnologías presentes y futuras, algo por lo que hemos venido abogando en los últimos años.
Por otra parte, se valora la formulación de principios, ejes y objetivos acompañados del mencionado Plan de Acción “para el impulso del desarrollo sostenible, centrado en las personas y el medio ambiente” que compromete a actores específicos de los sectores público y privado.[iii]
En cuanto a los aspectos regulatorios, es positiva la invitación a la actualización normativa, si bien se reconoce que las particularidades asociadas a la tecnología ameritan en algunos casos de una flexibilidad y agilidad que no es característica de los procesos de reforma legislativa. Sobre esto, en relación con otras áreas identificadas como importantes, se valora el impulso a la legislación de protección de datos personales como un elemento central, pero está claro que los problemas éticos y jurídicos de la IA no se limitan a ésta última.
También resulta destacable la preocupación por hacerle frente al futuro del trabajo, proponiendo medidas para la capacitación de la fuerza laboral. Sin embargo, la sección en comento podría haber sido un poco más robusta en cuanto a las áreas más sensibles como, por ejemplo, las relacionadas con derechos de los consumidores, sesgos y discriminaciones arbitrarias.
Por otra parte, deteniéndonos en propiedad intelectual son especialmente importantes las actividades planificadas para potenciar “licencias adecuadas a las normas internas”, pero conectadas con el tránsito jurídico y el comercial internacional. Como hemos dicho en otras ocasiones este aspecto es clave para “acercar posiciones en América Latina” y favorecer las posibilidades de coordinación para la implementación de otras iniciativas como el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés) y el Mercado Digital Regional (MDR de la Alianza del Pacífico) que pueden ser muy positivas para la recuperación económica postpandemia.
Es destacable también que en el tercer eje relativo a la “Ética, Aspectos Legales y Regulatorios, e Impactos Socioeconómicos” se incluye un apartado específicamente dedicado a impulsar la igualdad de género. Con respecto a ello se proponen acciones para “fomentar la participación de mujeres en áreas de investigación y desarrollo relacionadas a la IA hasta alcanzar un nivel igual o mayor a la OCDE y velar porque el impacto de automatización no perjudique por género y que la creación de empleo sea equitativa.”
Principales preocupaciones
Estos y otros aspectos no mencionados en esta nota hacen lucir a la Política como un plan muy ambicioso con desafíos en infraestructura y conectividad (entre otros) muy importantes. Aunque la inversión pública y la dotación presupuestaria podrían fungir como factores de fomento al ecosistema digital e impulso a la inversión privada, como suele suceder con iniciativas similares, para muchos surgen dudas sobre la capacidad del Estado para alcanzar los objetivos propuestos.
A esto se añade la incertidumbre de un año electoral, los temores por el resultado de la Convención Constitucional, algunas propuestas regulatorias dormidas o en curso y la situación política y económica del país que son contrarias al entorno de seguridad y estabilidad que se requiere para la atracción de inversión extranjera y para las oportunidades de innovación, emprendimiento y crecimiento asociadas al entorno digital a las que se aspira.
Volvamos a lo bueno…
A pesar de los aspectos mejorables, rescatamos lo bueno; en estos tiempos en los que debemos trabajar por la recuperación económica es conveniente ser optimistas. Una estrategia nacional es la oportunidad para el fomento del desarrollo e innovación positiva que cree nuevas capacidades en los sectores productivos, académicos y estatales para mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso el llamado es a la prudencia y al consenso. La implementación de estos cambios amerita esfuerzos coordinados a nivel público-privado; nacional e internacional y de un trabajo complejo, riguroso y multidisciplinario que apenas está por comenzar.
Michelle Azuaje Pirela
4 de noviembre de 2021
Doctora en Derecho, Universidad Autónoma de Chile. Máster en Derecho de la Empresa, Universidad de Alcalá. Abogada, Universidad del Zulia. Coordinadora Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile, Chile. Coordinadora del Proyecto Inteligencia Artificial y Derecho: www.iaderecho.cl. Este artículo se adscribe al proyecto ANID Fondecyt de Postdoctorado 2021, N° 3210519, titulado: Transparencia algorítmica y propiedad intelectual: propuestas para Chile.
Puede encontrar su texto íntegro aquí: https://minciencia.gob.cl/areas-de-trabajo/inteligencia-artificial/politica-nacional-de-inteligencia-artificial/
El Plan de acción puede revisarse aquí: https://minciencia.gob.cl/areas-de-trabajo/inteligencia-artificial/politica-nacional-de-inteligencia-artificial/plan-de-accion/
Michelle Azuaje Pirela
Académica e Investigadora, Coordinadora del proyecto IA+D: Inteligencia Artificial y Derecho, Universidad Autónoma de Chile, Temuco, Chile. Correo electrónico: michelle.azuaje@uautonoma.cl.
La profesora Azuaje Pirela es Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Chile, Máster en Derecho de la Empresa por la Universidad de Alcalá de Henares, Especialista en Mediación para la Resolución de Conflictos por la Universidad de La Rioja y Abogada por la Universidad del Zulia. Además, es autora de diversas publicaciones en las áreas de Derecho Tributario y Derecho de la Propiedad Intelectual y es corresponsal para Chile de la Asociación para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de autor (ASEDA).
Su actual agenda de investigación se encuadra dentro de la línea de Regulación Económica y se fija en el análisis del impacto de la Inteligencia Artificial en el Derecho y, particularmente en el Derecho de Propiedad Intelectual.
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Fuente: Adefinitivas.com