Académica reconoce beneficios de proyecto de ley que obligaría a supermercados a donar alimentos próximos a ser desechados
El escenario de crisis sanitaria mundial por COVID-19 trae consigo el colapso de diversos sectores, como el económico, el laboral y el productivo, lo cual provoca daños colaterales; el desempleo y pérdida del poder adquisitivo son dos realidades chilenas. Ante el reclamo de autoridades y la ciudadanía por casos de hambruna, representantes del Senado de Chile han solicitado mayor celeridad a un Proyecto de Ley que obligaría a supermercados y retail a donar productos comestibles próximo a ser desechados a sectores vulnerables, como una manera para paliar la situación.
Sobre este respecto, la académica de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Mg. Paulina Campos, señala que si bien, a priori, sería complejo oponerse a la promulgación de una ley como esta, la misma debe estar condicionada a las fiscalizaciones asociadas al proceso, la oportunidad en la cual se ejecute y las exigencias establecidas por el nuevo cuerpo legal para las organizaciones certificadas que retiren y distribuyan los productos. Además, debe ser un proceso rápido y transparente, desde la perspectiva de quienes recibirán estos alimentos (requisitos y condiciones), tanto para su reutilización, como para los grupos de población que accedan a ella.
En opinión de Campos, bajo el actual escenario, único en la historia mundial, es complejo prever el impacto real provocado por la paralización de actividades productivas y destrucción de empleos en las condiciones de acceso a alimentos de la población, dado que se desconoce el comportamiento de los agentes económicos en este escenario. Sin embargo, es posible señalar que tanto los volúmenes de alimentos procesados por las empresas, como los ingresos familiares disponibles para su consumo, disminuirán como consecuencias de la pandemia.
En atención a ello, todos los alimentos tendrán un mayor valor absoluto y relativo, por lo cual medidas como una ley para la reutilización de alimentos inocuos del retail o los supermercados representaría una oportunidad para revalorizar la actividad económica, que contribuirá al bienestar de la población económicamente más afectada por la pandemia. Sin embargo, la evaluación de su contribución estará condicionada a las exigencias y fiscalizaciones del cuerpo legal que lo regule.
Vale destacar que según la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura, también conocida como la FAO, en Chile se pierden por mal manejo de su producción 27.000 toneladas de alimentos al año. “Sin duda representa un desperdicio de todos los recursos asociados a su procesopro ductivo: mano de obra, tecnología, capacidad empresarial, recursos naturales y capital, provocando un problema económico, social, ético y ambiental, agravado en el contexto actual”, comentó.
EL ROL PRIVADO
Otros países ya han aplicado medidas similares. Es el caso de The Global FoodBanking Network en Estados Unidos, institución que asociada con líderes locales establece operaciones de bancos de alimentos en comunidades y países donde antes no existían.
Desde el año 2006, la organización estadounidense ha apoyado en la creación de organizaciones de bancos de alimentos en 15 países, lo cual permite que más personas necesitadas tengan acceso a alimentos, a la vez que empodera a las comunidades para brindar asistencia en este respecto.
Para Campos, en la creación de dichos sistemas, los supermercados y comercios tienen la mayor responsabilidad, ya que deben decidir corporativamente la entrega de productos en condiciones suficientes para su reutilización y consumo, con base en códigos sanitarios que permitan realizar dichas acciones.
DESDE EL HOGAR
Al consultarle a Campos si en este escenario de pérdidas y desperdicios de alimentos también existen responsabilidades de los particulares, por parte de la ciudadanía, lamentó que en Chile se hayan instalado prácticas de reciclaje para el cuidado del medioambiente y como parte de la lucha contra el cambio climático, pero no la responsabilidad individual de las familias de contribuir a la mejor distribución de los alimentos para evitar su pérdida y desperdicio.
Explica que los grupos familiares también podrían contribuir y aportar a los stocks de alimentos recibidos y almacenados por los bancos de alimentos.
Detalló que en Chile existen dos: uno en Lo Valledor y el Banco de Alimentos del Bío Bío, donde los ciudadanos, sin mediar modificación de ley alguna, pueden acudir a entregar alimentos que no consuman y se encuentren en adecuadas condiciones, a propósito de donarlos a familias que los necesitan, ya que sus fuentes de ingresos desaparecieron como resultado de la pandemia.
PRÁCTICAS INDIVIDUALES
Para Paulina Campos, en el escenario actual todos los agentes económicos deben asumir un rol de suma responsabilidad, tanto individual como social, para el cuidado y preservación de la vida propia y de los otros. Asimismo, debe existir un alto grado de responsabilidad en las decisiones de consumo frente a la incertidumbre que todos enfrentan respecto a sus ingresos.
En este sentido, señala que adquirir alimentos en cantidades innecesarias podría reportar pérdidas de bienestar familiar futuro. Asimismo, contribuye al desabastecimiento.
Entre las recomendaciones entregadas, señala que es necesaria la toma de decisiones económicas y socialmente racionales.
Respecto a la normativa, subrayó que si bien una ley puede contribuir a mejorar las condiciones de acceso a alimentación suficiente para un mayor volumen de personas, lograr dicho objetivo dependerá del comportamiento de todos los agentes económicos, así como de las condiciones definidas por la ley para regular la entrega por parte de supermercados y retail, exigencias para los organismos certificados para retirar y redistribuir, y las familias al momento de requerir estos alimentos.