Desde su creación a fines del 2009, el Programa de Violencia Intrafamiliar de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago ha realizado cerca de dos mil atenciones en promoción, prevención y tratamiento, a cargo de estudiantes en práctica de Trabajo Social y Psicología, bajo la supervisión de docentes especialistas en el área.
Dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la iniciativa nació como un proyecto piloto y hoy se consolida como una herramienta de asistencia multidisciplinaria a víctimas e imputados, además de ser una instancia formativa y de investigación para alumnos de pregrado.
“Uno de nuestros énfasis es el refuerzo de habilidades parentales”, explica Vanessa Arriagada, de quinto año de Trabajo Social. “Abordamos -por ejemplo- el trato de los padres hacia sus hijos, que lo medimos en variables como comunicación, apego, premio y castigo”.
Aunque algunos llegan por iniciativa propia, cerca del 80% de los usuarios son derivados por el I Juzgado de Garantía y Tribunales de Familia de la Región Metropolitana, en virtud de convenios de asistencia recíproca. Parte de la investigación judicial se apoya en los peritajes, terapias y talleres grupales que realiza el programa.
“Hacer la práctica profesional aquí es una experiencia enriquecedora, porque confluyen los conocimientos adquiridos en clases y las habilidades y competencias que solo se pueden desarrollar a partir de la interacción con usuarios reales”, asegura Arriagada.
Un aspecto relevante -a su juicio- es el enfoque interdisciplinario gracias al trabajo conjunto con alumnos de Psicología. “Esto es muy importante en nuestra formación, porque ambos aportamos nuestras miradas teóricas y formas de abordaje, con un mismo objetivo que es el bienestar del usuario en su entorno, que en este caso es la familia”, puntualizó.
Para Juan Carrasco, su práctica profesional de Psicología ha significado “dar sentido a gran parte de lo que he estudiado durante estos cinco años. Hay una sensación de estar haciendo algo concreto por la sociedad”.
Parte de sus funciones consideran evaluar habilidades parentales, control de impulsos, aspectos legales y peritajes psicológicos. “Aquí se ven casos que no todas las personas quieren conocer; se abre entonces un espacio para acompañar en el aprendizaje a quienes sufren y a quienes ejercen violencia intrafamiliar”, comenta.
Ello da cuenta también de cómo la responsabilidad social se constituye en uno de los ejes formativos de esta casa de estudios superiores.
“Como practicante tenemos en nuestras manos parte del futuro de una familia que la está pasando muy mal. Nuestro deber entonces es prepararnos, leer mucho, hacer bien nuestro trabajo independiente de a quién tengamos enfrente, de lo que haya hecho a su pareja o sus hijos, o lo que haya sufrido”, detalló.
Quienes llegan a realizar su práctica profesional en el Programa de Prevención y Tratamiento Integral de la Violencia Intrafamiliar han cursado casi todas las asignaturas del plan curricular, con la preparación suficiente en contenidos y habilidades para enfrentar el desafío de llevar a cabo intervenciones en este ámbito especialmente sensible.
La directora de Psicología, magister Jessica Morales, sostiene que “algunos ramos se centran en la psicología jurídica, otros en psicodiagnóstico infantil. Pero desde primer hasta último año de carrera, todos contribuyen a formar el estudiante un perfil social-comunitario y clínico”.
Una vez terminada la pasantía “adquieren una visión interdisciplinaria de la profesión y eso es, sin duda, una gran riqueza desde una perspectiva académica y también de su empleabilidad”.
Por su parte el director de Trabajo Social, magíster Rodrigo Inatzu, subraya que “el foco está puesto en una formación integral, considerando que el ejercicio profesional en el ámbito de la violencia intrafamiliar es compleja y diversa”.
Por lo mismo, el programa responde al necesario fortalecimiento de las habilidades de trabajo en equipo, empatía y de diagnosticar para desarrollar intervenciones psicosociales efectivas.
Un aspecto no menor es la promoción y prevención, que se desarrolla principalmente en contextos escolares gracias a alianzas con diversos establecimientos educacionales.
“Es fundamental instalar el tema de la igualdad de género y la resolución pacífica de conflictos desde los primeros años en el sistema educativo. Estamos marcando así una señal de cuidado en cuanto a que cuando una persona se transforma en agresor su víctima aprende determinadas formas de relacionarse”.
Para el académico, las redes que han formado con distintas instituciones permiten a los alumnos en práctica hacer un seguimiento de casos e incluso transformar esos aprendizajes en investigaciones y temas de estudio para tesis de grado.