Director de Derecho expuso sobre reformas penales y procesales en la Cámara de Diputados
El director de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago, magíster Alejandro Leiva, fue uno de los especialistas invitados a exponer ante la comisión permanente de la Cámara de Diputados que discute las modificaciones a los códigos Penal y Procesal Penal.
En su intervención, el docente sostuvo que en su versión original, el proyecto de ley que sanciona como falta el ocultamiento del rostro durante alteraciones al orden público y permite la detención en caso de flagrancia, “genera algunos problemas con los principios de un Derecho Penal moderno”.
El académico llamó la atención acerca de la idea de “sancionar como delito una conducta que por sí sola no genera daño social, como lo es ocultar la identidad en una manifestación pública”.
“Una correcta aplicación de los principios de fragmentariedad y ultima ratio, entre otros, exigen la comisión de un hecho punible durante dichas manifestaciones para que el ocultamiento del rostro actúe como una circunstancia agravante de responsabilidad penal en delitos como el de lesiones, homicidio, daños e incendio, entre otros”.
En sentido, propuso que el ocultamiento de la identidad sea considerado como “una circunstancia agravante general del Código Penal (art. 12), o asociarla a delitos específicos aumentando la pena asociada a los mismos”.
Además, sugirió incorporar en el texto la agravación por ocultación de la identidad en los delitos de lesiones, maltrato de obra y de muerte a funcionarios de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, “quienes están más propensos a ser víctimas de atentados contra su integridad”.
Finalmente, el profesor Leiva indicó que “desde un prisma de la eficacia de las penas, el proyecto debiese incluir modificaciones a la Ley 18.216 sobre cumplimientos alternativos a las penas de cárcel, de manera que quienes cometan ilícitos penales en el contexto de marchas sociales efectivamente reciban un castigo cierto y efectivo”.
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, presidida por el diputado Guillermo Ceroni, escuchó también los argumentos del abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román.
El proyecto de ley se originó en una moción de ocho diputados de distintos sectores políticos, y se fundamenta según sus autores -entre otros aspectos- en el deber del Estado de resguardar la convivencia pacífica de la comunidad, “repeliendo enérgicamente cualquier conducta que ilegítimamente ponga en peligro la integridad física y psíquica de las personas”.