Vicepresidente Colegio de Fonoaudiólogos: “adultos mayores deben ser sujetos de derecho y ya no de solidaridad”
Vicepresidente Colegio de Fonoaudiólogos: “adultos mayores deben ser sujetos de derecho y ya no de solidaridad”Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base al censo 2017, en Chile hay casi 2 millones 300 mil adultos mayores; cerca del 12% de la población. Uno de los grupos más expuestos y vulnerables a la actual crisis sanitaria y social.
Más allá de la vulnerabilidad socioeconómica en que se encuentra un porcentaje significativo de ellos, el confinamiento obligatorio y voluntario dejó al descubierto otras carencias incluso más preocupantes: el aislamiento y la soledad.
Así lo explicó el vicepresidente del Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, Reinaldo Salazar, durante una charla organizada por esa carrera de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago. Un escenario no muy distinto a otros países, pero que según el experto en gerontología social y rehabilitación neuropsicológica aquí se ha evidenciado con dureza.
“Tiene que ver con la precarización de sus derechos. Como arrastrábamos esta situación desde hace tiempo, la pandemia ha hecho que en la actualidad tengamos una merma cognitiva general en la tercera edad”, como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de información y el discurso.
En cuanto a las estrategias, aseguró que “falta mucho por avanzar en el manejo de las secuelas emocionales en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM). En ellos habitualmente las tasas de depresión son del 80% o 90%, con trastornos de ansiedad y de personalidad, cuadros de pseudodemencia depresiva y síndrome confusional agudo”.
Lo esencial “es evitar la patologización y dejar de considerarlos sujetos de voluntariedad sino como sujetos de derecho. El derecho debe estar por sobre la solidaridad”.
Salazar agregó que entre las preocupaciones del Colegio de Fonoaudiólogos están recuperar la tuición ética, introducir el derecho a la rehabilitación en el actual debate constitucional e incorporar la profesión al Código Sanitario. Para ello, han trabajado intensamente con autoridades, sociedades científicas y otros actores en comisiones de trabajo intersectoriales y diversos espacios de colaboración.