Los ahorros y la responsabilidad fiscal del país cobran sentido ante los desafíos socioeconómicos impuestos por la pandemia. Dada la paralización de la actividad productiva, numerosas familias padecen la reducción y hasta desaparición total de sus ingresos mensuales, tan necesarios para costear gastos básicos como la alimentación. Diversos han sido los planteamientos económicos expuestos por varias entidades, a propósito de atender las demandas y necesidades de la sociedad. Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una propuesta de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que pareciera transitar “el camino correcto”.
Así lo explica el Dr. Guillermo Riquelme, investigador del Centro de Estudios y Gestión Social del Maule (CEGES Maule) de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, para quien esta nueva propuesta considera la técnica económica, por un lado, y la planificación social, por otro. “Creo que deja conforme a la mayoría de los sectores económicos…Es el momento de ocupar los recursos que el país ha economizado por muchos años con mucho esfuerzo y gran disciplina fiscal, sobre todo en el período del súper ciclo del precio del cobre y con la regla del superávit estructural fiscal vigente desde comienzos de este siglo. Es por ello que, al igual como enfrentamos la crisis subprime en 2009, la historia vuelve a resaltar los ahorros y responsabilidad fiscal de un país como Chile para enfrentar el gran desafío de la pandemia y su consecuente crisis socioeconómica”, comenta.

El investigador explica que el IFE 2.0 contempla aumentar los aportes por persona a $100 mil, es decir, $35 mil más de lo entregado en mayo del presente año, ampliando, además, el beneficio a 106 mil personas que reciben las pensiones básicas solidarias de invalidez. Asimismo, el tiempo de la ayuda se extiende de tres a cuatro meses pudiendo, incluso, llegar al quinto o sexto mes dependiendo de la situación. Esto implica que una familia promedio de cuatro personas, que se encuentre dentro del 80% de la población más vulnerable según el Registro Social de Hogares, recibirá en total $400 mil. Otro elemento a destacar por Riquelme, es que la nueva modalidad del IFE posibilita ordenar todos los beneficios actuales en convergencia con la nueva política, por lo cual las personas que reciban algún ingreso, ya sea por Seguro de Cesantía, Apoyo a los Honorarios o las Pensiones Contributivas y no Contributivas, serán igualmente complementadas hasta alcanzar un ingreso de $100 mil por persona.

En opinión del experto, este nuevo aporte consolida una nueva política que se acerca mucho más a considerar un ingreso para una familia promedio cercana a la línea de la pobreza. “Sin duda esto es muy importante, ya que permite garantizar que al menos una familia promedio en Chile disponga mensualmente de 400 mil pesos, lo que contribuirá no solo a su mantención, sino también a reducir la alta movilidad y circulación de personas que se ha evidenciado en las últimas semanas a pesar de la cuarentena obligatoria, especialmente en el gran Santiago”, argumenta el investigador.

PLAN PROPUESTO

El investigador recordó que el Gobierno de Chile ha implementado medidas graduales y de corto plazo para apoyar a familias, trabajadores y pequeñas empresas. No obstante, “se adolecía de una planificación de mediano y largo plazo que proporcionara los recursos y los medios necesarios para afrontar, en términos socioeconómicos, una pandemia que se ha extendido mucho más de lo esperado”.

Dada esta situación, una comisión de economistas de distintos sectores políticos propone un “Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo”, con una duración de 24 meses, que permitiría abordar la crisis socioeconómica desde una mirada técnica y de responsabilidad fiscal.

El plan comprende utilizar los ahorros del país que se encuentran en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), los cuales ascienden a US$12.000 millones. Este fondo fue creado en el año 2007 y reemplazó el Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre. Dichos recursos permitirían al gobierno financiar las ayudas sin necesidad de endeudarse y apostar a la recuperación económica a partir de 2022.

El economista explica que “los 12.000 millones de dólares norteamericanos equivalen a destinar unos 500 millones de dólares norteamericanos mensuales a dos años, los que en gran medida serán ocupados, en un comienzo a financiar el Ingreso Familiar de Emergencia, que en términos de número de beneficiarios, superan los 5 millones de personas”.

Para Riquelme se trata de una buena noticia. Es de esperar que cuente con el respaldo y esfuerzo permanente de todos los agentes sociales.

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