Pablo Contreras 2Académico de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Pablo Contreras, participó con intervención sobre ética y reglamento en la Convención Constitucional 

La discusión sobre la elaboración de una Nueva Constitución Política para Chile cobra cada día más relevancia y los debates públicos vuelcan actualmente en su mayoría sobre la labor de los constituyentes. 

En este escenario, el abogado y académico de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Pablo Contreras, aportó en la discusión con una destacada intervención en las comisiones de ética y reglamento del organismo encargado de crear la nueva Carta Magna. 

El docente de la carrera de Derecho comenzó sobre su participación en la comisión de reglamento, explicando que “mi presentación se va a resumir en cinco nudos críticos de propuestas de reglamento de votación, en los que creo que esta comisión debe prestar especial interés y atención”. 

Estos puntos tenían relación con aspectos como participación, transparencia, quorum, conflictos de interés y control jurídico, valiéndose de aspectos orgánicos como la Secretaría Técnica y la Comisión de Armonización. 

En tanto, con respecto al manejo ético de la Convención, el Dr. Contreras explicó que “abordaré cinco problemas que creo que son relevantes, explicar el contexto y dar algunas sugerencias”. 

“Quisiera aportar con cuestiones que serán relevantes para el escrutinio ciudadano de la acción de la Convención y con algunas que, pese a que pueden estar en la legislación, podría ser una oportunidad para ser precisadas”, aseveró. 

En específico, los problemas a los que hizo alusión tenían relación con: declaraciones de intereses y patrimonio de los constituyentes, transparencia, conflictos de interés de entidades que solicitan audiencias a la Convención, la regularización del deber de abstención, y la regularización de obligaciones de transparencia activa. 

Por último, y sobre estas problemáticas, el académico propuso recomendaciones específicas para enfrentar complicaciones en estas materias. Entre ellas se encontraban ampliar los deberes de información de declaraciones de patrimonio e intereses, precisar regla de publicidad de agendas públicas, implementar un sistema de transparencia proactiva, mejorar reglas de solicitudes de acceso a la información, entre otros. 

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