25 enero, 2018

El miércoles 24 de enero fue aprobada por el Congreso ley de educación superior del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quedando lista para su promulgación.

Entre los puntos principales se establece la forma de financiamiento institucional de la gratuidad y define un mecanismo para avanzar gradualmente en su cobertura. Se crea por ley un fondo basal para las universidades tradicionales no estatales, como complemento al “convenio marco” destinado a las universidades estatales.

Una de las polémicas definiciones de la ley es que fija el precio de los aranceles incluso para los alumnos que no tienen gratuidad y que estudian en instituciones adheridas a esa política, lo que aumentaría el déficit de las instituciones de los $22 mil millones por año actual a más de $30 mil millones, según un estudio de la fundación Acción Educar.

Esta nueva ley es analizada para “El Líbero” por el rector de la Universidad Autónoma de Chile, Teodoro Ribera, institución que desde este año está adscrita a la gratuidad.

¿Cuál es su opinión de esta nueva ley de educación superior?

El proyecto indudablemente tiene una cuota mayor de realismo que el que aprobó la Cámara de Diputados y expresa el trabajo que han desarrollado los senadores. Sin embargo, mantiene una tendencia muy regulatoria de la educación superior, y establece diferencias injustificadas en favor de unas universidades respecto de otras. El proyecto tiene indudables mejorías respecto del proyecto original.

 ¿Qué mejorías se hicieron en el Senado?

En la forma de regular, de redactarse los principios inspiradores, mejoró el acceso del consejo de rectores, las inhabilidades e incompatibilidades existentes, etc., se mejoraron las facultades de la Subsecretaría y la Superintendencia. Pero es un proyecto cuya esencia misma es regulatoria, que desconfía de las instituciones, especialmente de las privadas, y que le otorga a las públicas, por el solo hecho de ser tales, algunos privilegios infundados.

 ¿Qué opina de la regulación de aranceles para los alumnos sin gratuidad?

La regulación de los aranceles va a conducir necesariamente a una cada vez mayor dependencia de las instituciones de educación superior a la caja fiscal, y con ello los ciclos económicos afectarán sustancialmente a las universidades. Por lo tanto, el riesgo es que la fijación de aranceles sea realizada por las autoridades, no sobre la base de los costos reales y demás requerimientos de las universidades por aumentar sus complejidades, sino que para mantener equilibrios de otra naturaleza. Si las autoridades fijarán los aranceles, no sobre la base de los costos reales y la sustentabilidad de las universidades, van a poner a las universidades en competencia con otros requerimientos del Estado y, por tanto, las universidades pueden arriesgar más sus procesos de calidad.

¿Cuánto aumentará el déficit con la regulación de aranceles?

Hoy las instituciones de buena fe que se incorporaron a la gratuidad están soportando una disminución de los ingresos per cápita producto de la ley. Al extenderse esto a los alumnos que no ingresan por gratuidad. Ese diferencial tenderá a aumentar, y eso conllevará una tensión de las instituciones que tienen vocación de atender los sectores medios y medio ascendentes, entre cumplir dicho cometido o replegarse con el fin de mantener su sustentabilidad financiera.